Iniciando el segundo cuarto del siglo XXI, la humanidad enfrenta una paradoja dolorosa: mientras el progreso tecnológico nos conecta, el retroceso político nos fragmenta. La situación en Venezuela, marcada en los primeros días de enero de 2026 por acciones militares unilaterales y una redefinición geopolítica impuesta, representa un abandono grave del derecho internacional. Este escenario nos sitúa al borde de un abismo, donde la ley del más fuerte pretende sustituir la fuerza de la ley.
Como nación que ha cicatrizado heridas de intervenciones extranjeras, Panamá debe ser la voz que recuerde al mundo que la paz y la seguridad internacional no son trofeos de guerra, sino el resultado del respeto irrestricto a la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 2.4 de dicho instrumento es tajante: los Estados deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país.
Hoy, la redefinición geopolítica impulsada desde Beijing y Washington apunta peligrosamente al reparto de zonas estratégicas bajo el pretexto del poderío militar. En este tablero, el intervencionismo armado no puede aceptarse como norma. Cuando se ignora el marco multilateral para imponer soluciones por la vía de las armas, no solo se vulnera a un Estado, sino al entramado jurídico que protege a todos, especialmente a los países pequeños.
En este escenario crítico, los Estados de menor tamaño no deben resignarse al papel de espectadores. Nuestra defensa no reside en el arsenal, sino en la autoridad moral del derecho y en la exigencia de un multilateralismo eficaz. Toda resolución de conflictos debe transitar por los mecanismos legítimos, como el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia, rechazando las acciones unilaterales que desconocen la soberanía popular.
La soberanía y la paz se defienden con legalidad, no con fuerza. Si permitimos que el derecho internacional se convierta en letra muerta en 2026, condenaremos el futuro a la incertidumbre del conflicto permanente. Es momento de que la diplomacia panameña y regional cierre filas en torno a los principios fundacionales de la ONU: solo el respeto a las normas compartidas evitará que la humanidad caiga en el abismo de la ambición de las potencias.
El autor es abogado.
