Hoy, 13 de octubre, el mundo conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, una fecha propuesta por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que nos recuerda la imperiosa necesidad de transformar la gestión del riesgo de una acción reactiva a una proactiva. Para Panamá, cuya posición geográfica, riqueza hídrica y distribución económica lo exponen a un espectro amplio de amenazas naturales, este compromiso es un seguro de vida y de progreso.
Es vital señalar que la vulnerabilidad de Panamá se manifiesta en la interacción de las amenazas naturales con factores como el crecimiento urbano desordenado, la degradación ambiental, la escasez de vivienda para grupos marginales, la migración forzada, la pobreza y la desigualdad socioeconómica. Las estadísticas y las experiencias recientes lo confirman: los principales eventos naturales extremos que golpean al país son las altas temperaturas, los incendios de masa vegetal y forestal, y los impactos indirectos de tormentas tropicales y huracanes que generan lluvias intensas seguidas de inundaciones y deslizamientos de tierra. Estos fenómenos destruyen zonas de cultivo y áreas habitadas, sin distinción del nivel socioeconómico.
Las inundaciones son la amenaza más recurrente y de mayor alcance. La intensa pluviosidad, sumada a la saturación de los sistemas de drenaje —especialmente en áreas urbanas como la Ciudad de Panamá— y el desbordamiento de ríos, principalmente las cuencas del río Tonosí y del río Juan Díaz, causan pérdidas materiales significativas, interrupciones de servicios esenciales y, lamentablemente, víctimas humanas y animales.
Ante este panorama, la simple respuesta no es suficiente: se requiere una estrategia integral cuyo éxito radique en cuatro pilares interconectados.
El primer eslabón para romper el ciclo de la vulnerabilidad es la educación de niños y jóvenes. Convertir a las futuras generaciones en agentes de cambio y multiplicadores de seguridad es una inversión invaluable. Los currículos escolares deben incorporar la gestión de riesgos como una materia transversal, enseñando no solo las amenazas a las que están expuestos, sino también los procedimientos de respuesta, evacuación y primeros auxilios. Un niño que entiende qué hacer durante una ola de calor o una inundación no solo salva su vida, sino que también influye en las decisiones y la preparación de su núcleo familiar. Este conocimiento, infundido a temprana edad, se convierte en una cultura de prevención que permea toda la sociedad.
El segundo pilar reside en la gestión de la vulnerabilidad por parte de las autoridades. Esto va más allá de la respuesta de emergencia: implica la aplicación rigurosa de códigos de construcción sismo-resistentes, alejados de costas y cauces de ríos, así como la planificación territorial que prohíba asentamientos en zonas de alto riesgo (como riberas o laderas inestables). También demanda una inversión sostenida en infraestructura de mitigación, mediante soluciones basadas en la naturaleza, drenajes pluviales eficientes y obras de contención híbridas. El Ministerio de Ambiente, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), los bomberos y otras entidades deben seguir fortaleciendo sus capacidades de análisis de riesgo para formular políticas públicas de desarrollo sostenible, asegurando que cada proyecto de infraestructura y urbanización minimice, en lugar de aumentar, su vulnerabilidad.
Un Sistema de Alerta Temprana Multirriesgo (SATM) robusto es crucial. En Panamá, los avances en meteorología e hidrología son vitales para predecir inundaciones y crecidas repentinas. Sin embargo, un SATM eficaz no se limita a la predicción técnica: debe garantizar la última milla, es decir, que la información de la amenaza llegue a las comunidades en riesgo de manera oportuna, clara, comprensible y con instrucciones precisas para la acción. Esto requiere tecnología adecuada (sirenas, redes sociales, radio y, principalmente, transmisión a través de redes celulares) y una coordinación fluida entre las entidades científicas, las autoridades de protección civil, los líderes comunitarios, las ONG presentes en el territorio y los medios de comunicación.
Finalmente, la preparación y resiliencia de las comunidades es clave. Un desastre siempre será un evento localizado en sus efectos iniciales, y la primera línea de respuesta es siempre el vecino, el líder comunitario y la familia. La organización comunitaria a través de comités de emergencia, la realización de simulacros periódicos y el desarrollo de planes familiares de emergencia dotan a la población de la autonomía necesaria para sobrevivir las primeras 72 horas. La resiliencia no es solo resistir el embate, sino también la capacidad de recuperarse rápidamente, algo que solo se logra con una cohesión social fuerte y una infraestructura de comunicación, social y física adecuadamente protegida.
En el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, Panamá tiene la oportunidad de reafirmar que la mejor estrategia contra los eventos extremos no está en esperar la ayuda, sino en la acción preventiva y educativa de hoy. Es una responsabilidad compartida que, al centrarse en la reducción de la vulnerabilidad, se convierte en la principal herramienta para salvaguardar vidas humanas y proteger el desarrollo socioeconómico del país.
El autor es empresario verde y ecologista.
