Los panameños más humildes son las primeras víctimas de la mala gestión pública y la corrupción. Padecen de la mediocridad de los servicios locales y no se benefician de aquello a lo que tienen derecho. La buena gestión pública de los gobiernos locales es esencial para que perviva cualquier buena política contra la pobreza. El discurso internacional sobre la gestión pública está dominado por los conceptos de democracia, transparencia y descentralización.
David Hume estableció en el siglo XVIII el enfoque fundamental para las reformas institucionales: «Al idear cualquier sistema de gobierno y al fijar los diversos contrapesos y controles en la constitución, se debe suponer que todo hombre es un villano y no tiene otro fin, en todas sus acciones, más que el interés privado. Por este interés debemos gobernarlo y, por medio de él, hacer que, a pesar de su insaciable avaricia y ambición, coopere al bien público».
¿Qué fue lo que pasó con la descentralización paralela? La aristocracia política panameña secuestró el sistema descentralizado y silenció las voces del 94% de los panameños. La reunión pública, que nunca existió en el lustro pasado, es la estructura de gestión básica de las administraciones descentralizadas. En ellas se presentan los presupuestos y se vota por ellos, se discuten los problemas y los ciudadanos pueden expresar sus preferencias.
En cualquier parte del mundo, menos en Panamá, la asignación eficiente de poderes a las instituciones locales mejora la calidad de la formación de políticas y reduce la oportunidad para la percepción de corrupción. Para que la gestión pública local se vuelva una realidad, hay que mejorar y escuchar la participación de los más débiles y de los desprotegidos.
Si la mayoría panameña y los excluidos tienen la impresión de que su voz no se escucha durante el proceso de toma de decisiones de los gobiernos locales y que están sometidos a la tiranía de la aristocracia política panameña, un sistema de decisión comunitaria puede deteriorar nuestras relaciones sociales de manera grave.
Vivimos en la era de la desconfianza y ello ha dado lugar a una exigencia social de contar con mecanismos ciudadanos de control y vigilancia que sirvan para poner a prueba la reputación del poder, que es esa «institución invisible» que contribuye a estructurar la confianza en las autoridades.
El pueblo panameño debe recuperar la confianza en la descentralización paralela, debe recuperar la manera en que las reglas y los procesos condujeron a la toma de decisiones del proyecto del gobierno local y cómo se aplicaron esas decisiones políticas.
Recordemos que el acceso a la información pública es un derecho fundamental reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el cual se enfatiza en la obligación de los Estados de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder. Así mismo, establece el derecho que tenemos todos los ciudadanos de buscar, solicitar, recibir y divulgar aquella información pública en manos de los órganos, entidades y funcionarios que componen el Estado.
Los panameños hemos depositado en el Estado ciertas atribuciones, razón por la cual la información de la descentralización paralela le pertenece a toda la sociedad por derecho, lo cual permite su exigibilidad.
Originalmente, la idea del amparo de garantías es salvaguardar los derechos y las libertades individuales, no proporcionar una laguna legal que impida la igualdad ante la ley de la aristocracia política criolla.
El amparo de garantías en la investigación de desvíos de fondos de descentralización hace perder con contundencia un derecho universal para los panameños. Podemos cambiar la percepción de la descentralización solo mostrando públicamente los resultados de una auditoría de sus usos y restaurar la confianza en la distribución de los bienes públicos panameños.
El autor es cirujano sub especialista.
