Mientras el sistema público de salud en Panamá lucha por cubrir su demanda, una realidad silenciosa y alarmante crece en el sector privado: la precarización del médico general. Hoy es común encontrar clínicas, centros de investigación y hospitales de diversos niveles que imponen esquemas de remuneración que subvaloran el acto médico. Bajo modelos de porcentajes desproporcionados, asignaciones base insuficientes o estructuras de pago por servicios que desvirtúan la naturaleza de la labor clínica, se está compensando al profesional con montos que no guardan relación con el riesgo legal de su firma ni con la alta responsabilidad de su idoneidad.
Esta distorsión laboral no es producto del azar, sino de una saturación del mercado que se utiliza como factor de presión. En los últimos años, la proliferación de facultades de medicina ha generado un aumento considerable en el egreso anual de profesionales. Este fenómeno coincide con un déficit en la oferta de plazas en el sector público: el Estado no está absorbiendo la cantidad necesaria de médicos generales y el acceso a las especialidades médicas se ha convertido en un embudo crítico. El contraste entre la masa de graduados y la limitada oferta de plazas en las convocatorias nacionales para residencias deja a cientos de profesionales en un limbo laboral, forzándolos a buscar opciones en un sector privado que capitaliza esta asimetría.
Al haber una oferta limitada de plazas públicas, el médico queda a merced de modelos de gestión que aprovechan esta necesidad estructural. Bajo el concepto de “servicios profesionales” —utilizado frecuentemente de forma ajena a lo que dicta la doctrina para eludir responsabilidades patronales—, se establecen condiciones que degradan la profesión. Si un profesional no acepta estos términos, la sobreoferta garantiza que otros lo harán por necesidad. Se ha transitado de una competencia basada en la excelencia académica a una condicionada por la aceptación de remuneraciones mínimas.
Esta realidad choca de frente con las exigencias regulatorias. Recientemente, representantes de diversas sociedades médicas se reunieron en la sede del Colegio Médico de Panamá para tratar los desafíos de la certificación y recertificación, proceso exigido por la Ley 43 de 2004. Esta normativa obliga a todo médico a una actualización constante mediante diplomados y congresos que deben ser costeados íntegramente por el profesional. ¿Cómo se le puede exigir a un médico la excelencia que la ley demanda, cuando el mercado ofrece ingresos que apenas cubren la subsistencia y no permiten financiar su formación continua? Es una contradicción sistémica: el Estado exige calidad, pero permite la precariedad.
Es irónico que, mientras otras profesiones en Panamá cuentan con tarifas de honorarios mínimos legalmente respaldadas que protegen el valor de su trabajo, el médico general se encuentre en una total desprotección institucional, careciendo de un marco que garantice un piso económico digno frente a la oferta privada.
El Ministerio de Salud y el Consejo Técnico de Salud deben intervenir de manera urgente. La renovación de los permisos de operación de cualquier centro de salud debería estar condicionada a la transparencia en la contratación y a la existencia de remuneraciones competitivas. No se puede gestionar la salud como un simple negocio de bajo costo. Si no valoramos el tiempo, el riesgo y la inversión académica de nuestros médicos, estamos condenando al sistema al agotamiento profesional. Una idoneidad “en liquidación” es, en última instancia, un riesgo para todos los panameños.
El autor es médico idóneo.
