La actualidad de la violencia homicida en Panamá muestra grietas preocupantes. Es un fenómeno que no responde a una sola causa; es multifactorial, donde confluyen dos factores: uno interno y otro externo.
Un factor es el fenómeno del narcotráfico y la confrontación entre bandas. La posición geográfica de Panamá es un beneficio para el comercio, pero una maldición para la seguridad. Al estar nuestro país flanqueado entre las drogas del sur y el gran mercado del norte, se convierte en un punto logístico clave.
Las bandas locales reciben como moneda de pago drogas, que se convierten en el negocio del narcomenudeo y, por ende, en motivo de disputas entre bandas por el control de las ventas en territorios en conflicto.
La figura del sicariato ha profesionalizado la violencia, haciéndola más fría, frecuente y planificada. La influencia de cárteles colombianos y mexicanos es otro factor que convierte a nuestro país en una bodega logística.
La geografía del conflicto se enfoca en puertos, rutas de acceso al mar y zonas de alta densidad poblacional: Colón, por su posición portuaria y la Zona Libre; Panamá y San Miguelito; Panamá Oeste (Arraiján y La Chorrera); la frontera con Costa Rica y, recientemente, comunidades de Panamá Este.
El Estado ha dado mayor atención a las acciones coercitivas de la fuerza pública, acompañadas de la creación de unidades especializadas en operativos de alto impacto, que constituyen el músculo operativo del combate al crimen. Sin embargo, el proyecto de ley de extinción de dominio —que busca afectar el músculo financiero de estas organizaciones— continúa siendo una de las herramientas legales más polémicas en la Asamblea.
La implementación de videovigilancia y tecnología ha ayudado, facilitando la captura posterior de responsables, aunque esto no disuade necesariamente al sicario.
Mientras el sistema judicial se proyecte como una “puerta giratoria”, genera frustración ciudadana y empodera al criminal.
Finalmente, el desafío pendiente es la prevención real. Resulta preocupante que la Ley de la Política Criminológica no se utilice plenamente como herramienta para evitar que los jóvenes en riesgo social encuentren en las bandas un “empleador” que fomenta la cultura del dinero fácil.
El reto es complejo, pero no imposible cuando dejamos a un lado lo político partidista —de quién hizo más que el otro— para dar paso a la expectativa ciudadana de paz y tranquilidad.
El autor es internacionalista y fue viceministro de Gobierno.
