Cuando el país ha tenido que decidir si establece reglas básicas para la adopción de una tecnología disruptiva, no es raro que surja una especie de emboscada intelectual que convence a algunos funcionarios -y hasta a entusiastas tecnológicos- de que la mejor política es esperar y no regular; solo observar cómo lo hacen los demás. En el caso de la inteligencia artificial, Panamá podría haber caído cómodamente en esa trampa. Y, aunque hoy no sea tan fácil distinguirlo, el tiempo involucrado en la espera eventualmente podría pasarnos la factura.
La IA no es una tecnología del futuro; su evolución comenzó en 1950, cuando Alan Turing planteó su trabajo Computing Machinery and Intelligence, y en la actualidad tiene presencia en nuestro sistema financiero, en herramientas médicas, en plataformas de selección de personal, en sistemas que mueven mercancías a través de nuestro hub logístico, y en algoritmos que determinan el precio y las condiciones aplicables a ciertos productos y servicios. Estos y muchos otros usos se dan sin un marco normativo específico, sin obligaciones de transparencia y sin mecanismos adaptados a la naturaleza de estos sistemas que permitan rendir cuenta alguna.
En un entorno tan vacío no debe asombrar a nadie que las discusiones resulten estériles. Por un lado, están los que afirman que regular tempranamente puede inhibir la innovación, ahuyentar la inversión y condenar al país a quedarse atrás en un muy competitivo escenario global donde los rezagados usualmente no tienen una segunda oportunidad. Por el otro, están los que señalan que operar sin reglas equivale a transferir poder de decisión sobre derechos fundamentales -como el trabajo, privacidad, justicia, salud, libertad de expresión- a sistemas opacos que nadie eligió y que nadie sabe quién controla.
Aunque ambas posiciones podrían tener algo de razón, el verdadero problema es que ese engañoso debate, atrincherado en sus extremos, ha servido más bien como coartada para la inacción.
Es cierto que Panamá tiene razones genuinas para ser cautelosa frente a regulaciones mal diseñadas. Nuestra economía depende, en buena parte, de presentar al resto del mundo un entorno atractivo para los servicios financieros, la logística, el comercio internacional y la inversión regional. Una regulación innecesariamente rígida o burocrática puede desalentar la adopción tecnológica precisamente en los sectores donde el país tiene ventajas competitivas reales. Ese riesgo existe y no debe descartarse.
Pero confundir la regulación inteligente con la regulación prematura es un grave error. Las disposiciones sobre gobernanza del Reglamento de IA de la Unión Europea ya están vigentes, y en agosto próximo entrará en vigor otra buena parte del Reglamento, incluyendo las reglas sobre muchos sistemas de alto riesgo. Mientras, en Latinoamérica, la legislación de Brasil avanza y Colombia ya ha emitido lineamientos para el sector público. Estos marcos no parecen frenar la innovación; al contrario, establecen condiciones de confianza que, a largo plazo, pueden hacer sostenible el uso de la IA en entornos donde los estándares importan. Y en el sistema financiero panameño -donde el escrutinio regulatorio global nos ha enseñado a veces a las malas- ahora los estándares sí importan.
Sise trata de inteligencia artificial, la ausencia de reglas no necesariamente crea un terreno neutral. Probablemente, favorece uno donde los más poderosos imponen sus propias reglas, donde empresas que operan en otras jurisdicciones importan sus sistemas a Panamá sin adaptarlos a nuestra realidad jurídica, y donde el Estado carece de herramientas para auditar si los algoritmos que usa -o que permite usar- tienen sesgos que discriminan, distorsionan o concentran poder.
Panamá no necesita copiar el reglamento europeo ni inventar una regulación desde cero. Necesita algo más sencillo, pero urgente: una política nacional de inteligencia artificial con principios claros, que oriente al sector público en el uso responsable de estas tecnologías, que establezca obligaciones mínimas de transparencia para sistemas de alto impacto, y que cree las capacidades institucionales para adaptar las reglas a medida que la tecnología evolucione.
La pregunta no es si se debe regular ahora o después. Es si queremos definir cómo se gobierna la IA en nuestro país, o si preferimos que esa decisión la tomen otros por nosotros.
Esta última también es una decisión. Solo que no la tomaremos conscientemente.
El autor es abogado especializado en derechos digitales y ciberseguridad.
