Las invasiones de propiedades son un delito que lamentablemente hoy enfrentamos en Panamá. Esta situación desencadena una serie de efectos colaterales perjudiciales que van mucho más allá del propietario afectado, impactando de forma profunda en el desarrollo y la estabilidad del país. Estos actos, que en muchos casos implican el uso de la fuerza, conducen a enfrentamientos, daños a personas, destrucción de infraestructura, cultivos, maquinaria y otros bienes de valor.
Al analizar sus consecuencias, se hace evidente que estas acciones generan un fuerte impacto económico negativo, fomentan la polarización social, debilitan la confianza ciudadana en las instituciones y acentúan la inseguridad jurídica, que debería resolver estos problemas que deben ser atendidos con urgencia. La falta de respuestas efectivas por parte del sistema judicial y de las autoridades competentes contribuye a la pérdida de confianza en las instituciones y refuerza la sensación de impunidad, lo que erosiona el Estado de derecho. Si el Estado no actúa para proteger la propiedad privada o sancionar las invasiones, su autoridad se debilita. Esto envía un mensaje de que las leyes no se aplican de forma justa ni efectiva.
En primer lugar, las invasiones afectan directamente la economía panameña. La inseguridad sobre la propiedad privada desalienta la inversión, tanto nacional como extranjera, lo que reduce la generación de empleo y frena el desarrollo en las comunidades afectadas. Esta percepción de riesgo deteriora el clima de negocios en el país, limitando oportunidades de crecimiento y competitividad.
Por otro lado, este fenómeno también agudiza las divisiones sociales. Las invasiones suelen originar conflictos entre grupos con intereses contrapuestos, provocando tensiones y enfrentamientos que afectan la convivencia pacífica y el tejido social. Las invasiones de propiedades representan un problema complejo con efectos nocivos que se extienden más allá del ámbito privado. Abordarlo de manera integral es fundamental para garantizar la paz social, la seguridad jurídica y un desarrollo sostenible en Panamá.
En las últimas décadas, Panamá ha experimentado un crecimiento urbano acelerado que ha dado lugar a la proliferación de asentamientos informales. Según datos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), actualmente existen alrededor de 411 asentamientos informales en el país, afectando a aproximadamente 56,590 familias. De estos, 26 surgieron después de la pandemia, reflejando una creciente presión sobre el acceso a la vivienda y la falta de políticas públicas efectivas.
La distribución de estos asentamientos no es homogénea. La provincia de Panamá lidera con aproximadamente 196 asentamientos, seguida por Panamá Oeste con 77, Chiriquí con 43, Colón con 38 y Bocas del Toro con 34. Un aspecto preocupante es que alrededor de 200 asentamientos se encuentran en terrenos privados, lo que complica su legalización y genera conflictos legales y sociales.
Desde 2013, se han ejecutado 169 desalojos, de los cuales el 60% fueron ordenados por corregidurías, el 38% por juzgados y solo el 1% por el MIVIOT. ¿Solo el 1%? Este bajo porcentaje de intervención directa por parte del ministerio refleja las dificultades administrativas y políticas para abordar el problema de forma integral que esta institución ha tenido durante más de una década.
Se ha identificado que más de la mitad de las personas censadas como precaristas ya poseen una vivienda, lo que sugiere que muchos casos responden no solo a una necesidad habitacional genuina, sino también a fenómenos más complejos como la especulación informal de tierra, migraciones internas o la búsqueda de mejoras económicas mediante la ocupación de terrenos estratégicamente ubicados.
La situación de Panamá no es única. Numerosos países han enfrentado desafíos similares y han implementado soluciones innovadoras que podrían servir de modelo. Tal es el caso de Tailandia, que ha adoptado un enfoque inclusivo para la mejora de asentamientos informales a través del programa Baan Mankong. Este programa empodera a las comunidades pobres para que tomen posesión de su propio desarrollo habitacional. Los residentes lideran el proceso de planificación, desarrollo de presupuestos y negociación de seguridad en la tenencia de la tierra. El programa ha beneficiado a más de 100,000 familias, demostrando que la participación comunitaria activa puede conducir a soluciones sostenibles y eficientes.
Kibera, uno de los asentamientos informales más grandes de África, ha sido objeto de un proceso de reurbanización que busca reemplazar las viviendas precarias por apartamentos de altura. Aunque el proyecto ha enfrentado desafíos, incluyendo retrasos y resistencia de la comunidad, ha resaltado la importancia de la participación comunitaria y la planificación adecuada en proyectos de gran escala.
A partir de las experiencias internacionales, se pueden identificar varias estrategias que podrían ser implementadas en Panamá para abordar la problemática de los asentamientos informales: es fundamental establecer un proceso claro y eficiente para la legalización de terrenos ocupados por asentamientos informales. Esto incluye la identificación de terrenos públicos y privados, la resolución de conflictos legales y la asignación de títulos de propiedad a los ocupantes legítimos, además de la auditoría urgente de los procesos registrados que aún están por resolver desde hace años.
Es necesario fortalecer las capacidades del MIVIOT y otras instituciones relevantes para que puedan coordinar eficazmente los esfuerzos de mejora de asentamientos informales. Esto incluye la capacitación del personal, la asignación de recursos adecuados y la mejora de los procesos administrativos.
La autora es poeta y narradora.
