Parafraseando esta máxima moral atribuida a Pitágoras, podríamos decir que resulta aplicable al ejercicio del poder, público y privado, le agregaré: cuando la ira se combina con poder, dinero y ausencia de controles, las consecuencias pueden ser mucho más graves que un simple arrepentimiento.
El poder transforma. No necesariamente convierte en corrupta a una persona, pero puede revelar comportamientos que permanecían ocultos cuando esa persona no tenía capacidad para imponer su voluntad sobre los demás.
No es lo mismo administrar una empresa cuando cada decisión debe ser consultada, que tener el control absoluto de una, disponer de cifras millonarias, decidir contrataciones, nombramientos, inversiones y despidos, y saber que pocos se atreverán a contradecir al que manda. Recordemos: el que nombra bota.
Existen determinadas circunstancias que pueden provocar reacciones desproporcionadas en personas que han desarrollado una relación enfermiza con el poder, entre ellas cuando los subordinados no ejecutan una orden exactamente como el poderoso espera, se producen pérdidas o cuando alguien cuestiona decisiones comerciales que considera intocables, aparece la posibilidad de perder el control accionario, económico o administrativo de la empresa, el personaje es criticado, investigado, expuesto públicamente por los medios de comunicación, por sus empleados, por ciudadanos que cuestionan su actuación, un subordinado, aliado político o miembro de su círculo cercano se atreve a decirle “no”, aparecen investigaciones o acusaciones legales que pueden afectar su reputación, su patrimonio o incluso su entorno familiar, enfrenta una derrota política, pierde capacidad de influencia sobre alguna institución o poder del Estado.
El problema comienza cuando el poderoso deja de distinguir entre una crítica y una amenaza, entre una discrepancia y una traición, entre una investigación y una persecución, entre un subordinado que cumple su deber y un enemigo que pretende desafiarlo.
El que obedece es “leal”. El que cuestiona es “enemigo”. El que investiga es “perseguidor”. El que advierte un riesgo es “negativo”. Y el que denuncia una irregularidad se convierte automáticamente en una amenaza que debe ser neutralizada.
Hasta los detalles más insignificantes pueden adquirir una dimensión que no tiene: un saludo frío, una mirada que se desvía, un tono firme de voz o una opinión diferente pueden ser interpretados como una afrenta.
Y cuando el poder comienza a sentirse amenazado por cualquier forma de oposición, los controles institucionales empiezan a parecer obstáculos y las personas que los ejercen empiezan a convertirse en enemigos.
Cuando aparece el “hubris”: es aquí donde resulta interesante el concepto de síndrome de hubris, desarrollado por el neurólogo y político David Owen para describir determinados cambios de comportamiento asociados al ejercicio del poder.
El concepto describe una combinación de arrogancia, sensación de superioridad, desprecio por las críticas y convencimiento de que sus decisiones son necesariamente correctas, y no necesariamente se aplica al poderoso máximo, muchas veces a subalternos con cargos de mando y jurisdicción.
El autócrata rechaza las advertencias porque las interpreta como obstáculos. Descalifica a quienes discrepan. Se rodea progresivamente de personas que le dicen lo que quiere escuchar.
Y aquí aparece un fenómeno particularmente peligroso: el poder deja de recibir información y comienza a recibir únicamente confirmación.
¿Y qué tiene que ver esto con la corrupción? Mucho. La corrupción no siempre comienza con el dinero, sino con la convicción de que las reglas no aplican para quien manda.
Primero se ignora una recomendación, después se descalifica al funcionario que la formula, luego se modifica el procedimiento para evitar el control, y se utiliza la posición para favorecer a un aliado, familiar o socio.
Finalmente, llega el momento en que disponer de recursos públicos, contratos, nombramientos o decisiones administrativas comienza a percibirse como un derecho personal y no como una responsabilidad institucional.
Ese tránsito es peligroso. Porque cuando una persona llega a convencerse de que “el Estado soy yo”, “la empresa soy yo”, las fronteras entre autoridad, abuso de poder y corrupción pueden comenzar a desaparecer.
La democracia, las juntas directivas, las auditorías, los órganos de fiscalización, la separación de poderes y la libertad de prensa tienen precisamente esa función: impedir que la voluntad de una persona pueda sustituir las reglas de una institución.
Pitágoras advertía sobre la ira y el arrepentimiento. La historia nos ha enseñado algo todavía más inquietante: cuando la ira se encuentra con el poder absoluto, el arrepentimiento puede llegar demasiado tarde.
La corrupción no necesariamente comienza robando; puede comenzar creyendo que las reglas no aplican para uno.
Reflexión forense: La corrupción rara vez aparece de repente. Generalmente deja señales: concentración de poder, ausencia de controles, decisiones sin justificación, subordinados que dejan de cuestionar y un entorno donde nadie se atreve a decir “no”.
El autor es auditor forense y fue viceministro de la Presidencia y secretario general de la Contraloría.
