En la periferia del área metropolitana de la ciudad de Panamá, donde el urbanismo ha sido históricamente un accidente y no una disciplina, Panamá Oeste se ha convertido en un laboratorio político inesperado. Las recientes acciones de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba —demoliciones expeditas y cierres de comercios bajo la bandera de la recuperación del espacio público— han desatado una ovación ciudadana que la élite capitalina no debería subestimar, ni tampoco aceptar sin preguntas.
Para entender ese aplauso hay que entender la frustración. Arraiján y La Chorrera son hoy el gran dormitorio de la masa crítica laboral del país. Allí viven profesionales y técnicos que se levantan de madrugada para enfrentar un mercado laboral poco meritocrático y una ciudad que les cobra costos invisibles todos los días. No es solo la inflación lo que erosiona sus ingresos: son las horas perdidas en el transporte, la precariedad de los servicios y el desgaste físico y emocional de una periferia mal planificada lo que se come cualquier aumento salarial.
Para esta clase media periférica, que vive bajo reglas rígidas por miedo a perder lo poco que ha logrado, el desorden urbano y el “juega vivo” ajeno no son simples molestias. Son agravios personales. Durante años han sentido que el país funciona bajo un sistema de castas, donde algunos operan con impunidad mientras otros cumplen sin excepción. Por eso, cuando una autoridad manda maquinaria a derribar cercas, abrir servidumbres públicas o cerrar negocios irregulares, lo que se celebra no es la dureza, sino la igualdad ante la ley. El mensaje es claro: el pacto de invisibilidad a cambio de privilegios se ha roto.
Pero para calibrar bien el fenómeno, hay que mirar también la debilidad institucional que lo precede. El municipio panameño ha sido históricamente una entidad frágil. A la asfixia presupuestaria se suma una tradición de clientelismo que ha desplazado la competencia profesional. Al llenarse las planillas con cuotas políticas en lugar de urbanistas o juristas idóneos, la administración local carece del músculo técnico necesario para sostener procesos complejos.
Si a eso se le añade un sistema legal hipergarantista, donde cualquier sanción puede diluirse en una cadena interminable de apelaciones, el resultado es la parálisis. En ese contexto, el estilo de Peñalba resalta por contraste: frente a la imposibilidad de desatar el nudo burocrático, ha optado por cortarlo.
Ahí surge el dilema de fondo. Existe una línea delgada entre eficacia y arbitrariedad. La sed de orden es tan profunda que la sociedad está dispuesta a tolerar discrecionalidad con tal de ver resultados. El riesgo es confundir limpieza con institucionalidad y cambiar el caos por decisiones que dependen demasiado del temperamento del funcionario de turno.
El contraste con otros municipios del área metropolitana es revelador. Mientras algunas alcaldías privilegian la gestión de bajo conflicto y alto impacto visual, y otras apuestan por reformas institucionales más lentas pero estructurales, Arraiján ha optado por un reformismo de choque. Más que una anomalía, es un síntoma.
Lo que ocurre en el Oeste no es un episodio aislado. Es una advertencia. El modelo de “dejar hacer” ha agotado su legitimidad en los territorios que sostienen al país. El desafío no es escoger entre un Estado que no actúa y uno que actúa sin reglas. El verdadero reto es construir un orden administrativo donde la ley se aplique de forma pareja, previsible y sin necesidad de aplauso.
Arraiján nos está diciendo algo que la política panameña no puede ignorar: el debate ya no gira en torno a quién promete más, sino a quién es capaz de hacer cumplir las reglas sin privilegios, sin miedo y sin excepciones.
El autor es arquitecto y urbanista.
