Como continuidad a nuestra reflexión sobre la urgencia de una institucionalidad soberana frente al limbo minero y la imperiosa necesidad de potenciar, sin ataduras, nuestra posición geográfica y capacidad portuaria, es preciso descorrer el velo sobre cómo estamos ordenando nuestras prioridades nacionales. No podemos seguir gestionando el desarrollo del Istmo mediante parches fiscales o visiones monotemáticas. La verdadera competitividad de Panamá exige una prelación lógica y estricta en la inversión pública.
En la planificación de un Estado con vocación logística y de servicios, el desarrollo debe cimentarse sobre dos pilares innegociables y simultáneos. Por un lado, nuestra seguridad hídrica, la materia prima vital para la supervivencia. A la par, y sin detenerse jamás, porque allí radica la esencia del aprovechamiento de nuestra posición geográfica, debe mantenerse el esfuerzo ininterrumpido por fortalecer el motor de nuestra competitividad global: la infraestructura portuaria, energética y el canal seco. Solo en un horizonte posterior, cuando esta maquinaria logística y de recursos vitales esté consolidada, tendrán cabida las megaobras de conectividad y movilidad secundaria.
El proyecto de Río Indio es, en efecto, una prioridad absoluta para garantizar la operatividad de nuestra ruta interoceánica. Sin embargo, la minería a cielo abierto en Donoso le impuso un candado ambiental infranqueable a la expansión hídrica hacia la cuenca del río Coclé del Norte. Y el riesgo de fondo es aún mayor: la docena de concesiones y solicitudes mineras suspendidas a lo largo de la Cordillera Central amenaza directamente las cabeceras de los ríos en ambas vertientes. Estas áreas no solo custodian nuestra hidrogeología, sino que son las zonas más ricas en bosques, fauna y biodiversidad del territorio nacional. Alterarlas es dinamitar nuestra fábrica de vida. Especialmente crítica resulta la vertiente del Pacífico, que alberga más del 80% de nuestra población y producción agropecuaria, sometida ya a un severo estrés hídrico por la variabilidad climática y el repetitivo fenómeno de El Niño.
Al quedar bloqueada la frontera por la actividad extractiva, Río Indio es la última carta de la vía interoceánica hacia el oeste. Si bien le otorgará al Canal un respiro operativo estimado entre 30 y 50 años, este margen será velozmente aniquilado si el crecimiento urbano de la capital continúa succionando el agua dulce de Gatún y Alhajuela.
Para blindar nuestra seguridad hídrica, el Estado debe ejecutar una «pinza hídrica» coordinada: mientras Río Indio aporta agua impulsada de forma natural por la fuerza de la gravedad hacia el negocio interoceánico, debe construirse simultáneamente la megapotabilizadora de Bayano para garantizar el consumo humano de Panamá Este, San Miguelito y la vertiente del Pacífico. Este trasvase indirecto debe ir atado a la reconstrucción de la red metropolitana del IDAAN para frenar las inaceptables pérdidas del 40% al 50% por fugas; un ahorro que equivale a un nuevo embalse sin mover un solo metro de tierra.
Simultáneamente con esta estrategia hídrica, el esfuerzo nacional debe consolidar de forma ininterrumpida nuestra ventaja competitiva: liberar a nuestros puertos en Balboa y Cristóbal del lastre de los monopolios que frenaron el desarrollo nacional, e impulsar proyectos de alto rendimiento geopolítico, como el gasoducto transístmico y la optimización logística.
Es en este marco de madurez donde la cordura financiera debe imperar. Hay megaobras y megaobras. Pretender destinar hoy miles de millones de dólares a un tren desde la capital hasta la frontera con Costa Rica es priorizar una obra suntuaria y de carácter político por encima de la estabilidad del país. En la gestión pública, la regla es inquebrantable: primero se aseguran los insumos y la plataforma logística que garantizan el flujo de caja, y solo después se planifican expansiones de movilidad secundaria. Ese tren, o cualquier red interurbana, será viable el día de mañana, pero únicamente cuando el agua y los puertos de hoy estén blindados y pagando las cuentas de la República.
Resolver el limbo minero y jerarquizar nuestras inversiones no es un simple ajuste fiscal. Exige derogar el anacrónico Código Minero de 1963, blindar por ley las cuencas de la Cordillera Central como reservas hídricas y ecológicas de interés nacional y elevar este Plan Maestro a una política de Estado, lejos de los intereses particulares. Solo así protegeremos para siempre nuestro mayor activo: nuestra posición geográfica y nuestra soberanía.
El autor es industrial.
