La fuga del 1 de julio de este año nos habla de un problema estructural que no solo abarca la corrupción interna del centro penitenciario, sino también la cuestión ética con la que se tratan los asuntos relativos a los reclusos. De la cárcel de La Joyita se han recapturado 178 reclusos fugitivos y se mantiene la búsqueda de 17 más. Las palabras del presidente José Raúl Mulino fueron que el sistema carcelario «colapsó» —la fuga fue de 195 presos— y que se «utilizarán modelos duros que están dando resultados en otras partes». La referencia a esas otras partes podemos entenderla como una alusión a El Salvador.
Pero la problemática de los reclusos no consiste «solo» en tomar el control absoluto y eliminar la corrupción interna del sistema carcelario, ya que los métodos que han funcionado en otros lugares no se definen únicamente por la «mano dura» del Estado. Si esta característica fuera la que definiera los resultados en el control de los reclusos, tendríamos que admitir que la Unión Soviética, Corea del Norte o incluso el régimen nazi tenían «resultados» en sus sistemas penitenciarios, en los que, como sabemos, lo último que se intentaba —o se intenta— es la reintegración de los individuos condenados a la sociedad. El trabajo forzado, las condenas a muerte e incluso los castigos heredados entre generaciones son algunos ejemplos de los métodos de «mano dura» aplicados por esos regímenes.
Nos hemos enfocado en la «mano dura» para los presos, cuestión con la que estoy de acuerdo dentro de ciertos límites. El refuerzo negativo debe tener la intención de evitar que la conducta se repita, pero no de condenar al individuo a la exclusión perpetua. Nayib Bukele logró, con los reclusos, promover actividades que contribuyen a la economía de El Salvador. Los internos participan en la limpieza de playas y calles, así como en la confección de textiles, entre otras actividades. En el centro La Esperanza, 6,000 reclusos son trasladados diariamente al centro industrial de Santa Ana, donde se producen unas 600,000 prendas mensuales. Estas incluyen uniformes para otros reclusos y ropa hospitalaria para pacientes y trabajadores. También se ha promovido la confección de uniformes escolares. La intervención resulta fundamental desde esta perspectiva: el recluso transforma su rol en la sociedad; ahora es quien confecciona la ropa que utilizará un médico que salvará vidas gracias a su labor. No solo se trata de una cuestión relacionada con el rol, sino también con la identidad.
Ahora bien, ¿por qué o cómo justifico que se pueda exigir a los privados de libertad contribuir al bienestar de la sociedad? ¿Es acaso antiético producir para la sociedad mediante trabajo no remunerado? Veamos estas preguntas desde otro enfoque: gran parte de las prisiones donde fracasa la función estatal de reintegrar a los ciudadanos privados de libertad a la sociedad lo hacen por la imposibilidad de ofrecerles un estilo de vida distinto dentro de los centros penitenciarios. Si el ciudadano encuentra una alternativa de vida, se le otorga un mayor control sobre la toma de sus decisiones. Pero si el recluso se encuentra dentro de la prisión y debe sobrevivir, cuidarse y «pelear» por su vida frente a otros reclusos, lo más probable es que salga con más contactos para continuar delinquiendo.
La fuga de la prisión La Joyita es una muestra de que dichos reclusos no estaban siendo rehabilitados para su reintegración a la sociedad. Si estuvieran siendo preparados para ello, no se habrían fugado. La fuga muestra que los paradigmas que dirigen su praxis siguen vinculados a la delincuencia.
El autor es estudiante de Filosofía, Ética y Valores.
