La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de archivar la demanda penal presentada por el diputado Betserai Richards contra su colega Jairo Bolota Salazar —acusado de agresión física— vuelve a poner en evidencia una realidad que muchos panameños ya perciben con claridad: en nuestro país, la justicia no es igual para todos.
Mientras a cualquier ciudadano común se le expone con esposas ante un juez de paz por delitos similares —incluso por conflictos menores—, a los diputados se les aplican filtros legales, privilegios procesales y “formalismos” que terminan blindándolos de las consecuencias. Esta disparidad no es solo una falla del sistema: es la institucionalización de la impunidad.
El fallo de la Corte, sustentado en la supuesta falta de pruebas idóneas según los artículos 487 y 488 del Código Procesal Penal, no solo desconoce la gravedad del hecho —una agresión física documentada dentro de un recinto parlamentario—, sino que envía un mensaje corrosivo para el Estado de derecho: algunos ciudadanos pueden violar la ley sin consecuencia alguna.
El diputado Richards denunció la “informalidad” del proceso y la falta de notificación oficial, enterándose del fallo a través de los medios. Más allá de lo anecdótico, este detalle ilustra una conducta institucional preocupante: la justicia actúa con parsimonia, desinterés o desdén cuando los acusados ostentan poder político.
La sanción —o la ausencia de ella— en estos casos no puede depender de un reglamento interno ni de gestos simbólicos dentro de la Asamblea Nacional. No se trata de faltas administrativas o de un simple desacuerdo político. Se trata de violencia, de un delito penal que, de haberse cometido fuera del recinto legislativo y por un ciudadano sin fuero, habría tenido consecuencias inmediatas y severas.
Lo más alarmante es que este no es un hecho aislado, sino un patrón: los privilegios procesales, el fuero penal electoral y la interpretación laxa de las normas se convierten en escudos de impunidad para los poderosos. Se impone la ley del más fuerte, mientras la legalidad para el resto se aplica con todo el rigor, sin contemplaciones ni margen para el error.
Esta doble moral no solo erosiona la legitimidad de las instituciones: mina la confianza ciudadana en la democracia. Porque cuando las autoridades encargadas de impartir justicia dejan de cumplir su función esencial —garantizar que todos somos iguales ante la ley—, el contrato social se rompe.
El problema no es solo individual, ni se resuelve sancionando a uno o dos funcionarios. Es estructural. Es el diseño mismo del Estado el que ha sido capturado por intereses que lo manipulan a conveniencia. Y mientras los tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— se mantengan cómodos en esta dinámica de autocomplacencia y protección mutua, el cambio solo podrá venir desde la ciudadanía.
Un cambio verdadero no consiste en reemplazar nombres. Debe ser total: cultural, legal e institucional. La justicia debe dejar de ser una herramienta al servicio de los poderosos para convertirse, de una vez por todas, en un pilar firme y creíble de nuestra democracia. La sociedad observa. Y no olvida.
El autor es máster en administración industrial.
