El concepto de justicia social nos remite a una visión holística de derechos humanos, igualdad, equidad, dignidad, bienestar común y paz. Esto significa que la justicia social es una fuerza creadora de nuevas relaciones en la sociedad, que va más allá de la justicia legal.
Vista así, la justicia social atiende todas las necesidades básicas humanas, cuya desatención puede ser considerada como injusticia.
Desde esta perspectiva y frente al contexto nacional, vale la pena analizar si en nuestro país existe o no justicia social. Así, por ejemplo, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal) informaba en 2018 que, a pesar de mejoras en la distribución de ingresos, Panamá seguía siendo más desigual que el promedio de la región, con altas tasas de pobreza en áreas rurales, entre niños, niñas, adolescentes, mujeres, poblaciones indígenas, afrodescendientes y desempleados.
Aquí, la desigualdad de género refleja brechas en el mercado laboral, altas tasas de embarazo adolescente y violencia de género, especialmente entre mujeres indígenas. La población indígena enfrenta desafíos en la implementación de sus derechos, con altos índices de pobreza y brechas en educación, salud y empleo.
En este marco, agrega la Cepal, mientras que el envejecimiento rápido de la población presenta preocupaciones sobre seguridad económica y acceso a pensiones, la pobreza multidimensional afecta significativamente la inclusión educativa y laboral de los jóvenes. A esto se agrega que las disparidades territoriales se reflejan en diferencias salariales y de pobreza entre provincias y comarcas, que son las áreas más afectadas.
Por su parte, en 2022 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala, en un informe vinculado al Día Mundial de la Justicia Social titulado “Una Coalición Mundial para la Justicia Social”, subraya la importancia de priorizar la justicia social en todas las políticas y reducir las desigualdades. Como vemos, la promoción de la justicia social contribuye a fomentar la coherencia en las políticas y las inversiones en beneficio de nuestra sociedad.
La autora es integrante de Ciencia en Panamá
