I. Principios eternos de la justicia
Desde los albores de la civilización occidental, la justicia ha sido el fundamento de la convivencia y del orden legítimo. Para los antiguos griegos, la justicia (dikaiosynē) no era simplemente una norma legal, sino la virtud cardinal que regulaba la armonía entre el individuo y la polis. Platón la describía como la estructura moral que mantenía cada parte del alma y de la ciudad en su lugar correcto.
Más tarde, los romanos elevaron la justicia a un principio de derecho positivo: “Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi” —la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde (Ulpiano, siglo III d.C.). Para ellos, la justicia era la base del imperio y del derecho civil, extendido como legado universal. En la modernidad, la justicia se secularizó pero mantuvo su esencia moral. Se tradujo en derechos humanos, igualdad ante la ley, debido proceso y control del poder. Las democracias modernas colocaron la justicia como piedra angular de sus repúblicas, sabiendo que sin ella no hay ciudadanía plena ni paz duradera.
II. Panamá: del ideal al extravío
Panamá, nación pequeña con una posición geoestratégica excepcional —puente entre dos mares y dos continentes— debió estar regida por una justicia clara, firme e incorruptible. Sin embargo, nuestra historia reciente ha traicionado ese ideal.
Durante el régimen de los militares (1968–1989), la justicia fue sometida. Se convirtió en un instrumento del poder, no en su límite. La represión, las detenciones arbitrarias y la impunidad marcaron a una generación. La Constitución de 1972 consolidó ese autoritarismo. El estado de derecho fue una fachada.
En respuesta, surgió la Cruzada Civilista, que desde 1987 alzó la voz con un grito unificado: Justicia, Democracia y Libertad. Como uno de sus dirigentes, viví esa lucha con intensidad. Fui exiliado tres veces y detenido en siete ocasiones. Fue una gesta cívica de enorme sacrificio colectivo, enfrentando la represión militar con dignidad ciudadana.
Tras la invasión estadounidense de 1989 y el retorno formal a la democracia, muchos soñamos con una justicia renovada. Pero lo que vino fue una degeneración distinta: clientelismo, corrupción judicial, impunidad selectiva y un sistema que castiga al pobre y absuelve al poderoso. La justicia panameña perdió su venda, su balanza y su espada. Conservó solo la toga… y el silencio.
III. El rol estratégico exige justicia estructural
Panamá no es un país cualquiera. Nuestra posición geográfica es codiciada y estratégica. Pero un país no puede ocupar un lugar clave en el orden mundial si su justicia es débil o corrupta. La seguridad jurídica no es opcional: es la base de toda soberanía real.
Un Estado estratégico necesita una justicia estratégica: independiente, transparente, funcional, y capaz de resolver disputas con autoridad y respeto. No hay desarrollo duradero ni integración internacional posible sin instituciones creíbles. El Canal de Panamá, los puertos, las zonas logísticas, el registro de naves: todo se sostiene o se desmorona con la credibilidad de nuestro sistema judicial.
IV. El clamor silencioso y la responsabilidad generacional
Hoy, en las calles, en los puertos, en los pasillos judiciales y en las redes sociales, el pueblo panameño clama por una justicia verdadera. Una que no dependa de apellidos, influencias o sobornos. Una que no tolere fallos injustificados ni sentencias selectivas.
Después de haber arriesgado la libertad por defender los principios de la Cruzada Civilista, me duele ver que la justicia sigue siendo parcial. El tiempo ha pasado, pero las heridas siguen abiertas.
Nos corresponde a nosotros, como ciudadanos, como testigos de la historia y como actores del presente, exigir una transformación profunda. Panamá, por su destino estratégico, no puede conformarse con una justicia decorativa. Necesita una justicia estructural, moralmente sólida y políticamente valiente. Porque sin justicia, no hay nación posible.
El autor es exdirector de La Prensa.
