La economía panameña registró un crecimiento significativo en 2025, con un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,4%. Sin embargo, este crecimiento se ha concentrado casi todo en sectores comerciales específicos, cuyos perfiles productivos generan un número limitado de empleos. Como consecuencia, la alta tasa de desempleo persiste, agravando aún más la profunda brecha de desigualdad social en el país.
Para revertir esta situación, los gobiernos suelen recurrir a las medidas más populares: estimular artificialmente la demanda agregada para generar mayor empleo. Son políticas contracíclicas basadas en subsidios y programas sociales, que no atacan las causas estructurales del problema. A menudo terminan agravando la situación al generar presiones inflacionarias que reducen el poder adquisitivo de la población, aumentando la demanda de forma repentina sin que la oferta crezca en la misma proporción. Además, estos programas implican un mayor gasto público, deteriorando el déficit fiscal.
Urge adoptar políticas económicas más efectivas que reduzcan el desempleo sin generar distorsiones en el sistema. Estas consisten en crear condiciones de mercado atractivas que incentiven el aumento de la oferta; es decir, la inversión de capital por parte de las grandes, pequeñas y microempresas.
Este conjunto de medidas se conoce como “economía de la oferta” (supply-side economics). Su premisa central es que, al reducir los impuestos, eliminar obstáculos regulatorios y suprimir barreras comerciales, se genera un aumento natural de la inversión (oferta). Este incremento de la oferta, a su vez, impulsa una mayor demanda de bienes, servicios y mano de obra. Los incentivos fiscales deben ser generales y no sectoriales; es decir, aplicarse por igual a todas las actividades económicas. Asimismo, pueden tener un carácter temporal, con un período de vigencia definido.
El fundamento teórico de la economía de la oferta se basa en la Ley de Say (o Ley de los Mercados), formulada por el economista francés Jean-Baptiste Say en 1803. Say no era un académico encerrado en una torre de marfil. Nacido en Lyon en 1767, en el seno de una familia de comerciantes textiles, creció entre telares y negocios. Trabajó en seguros, dirigió un periódico liberal, fundó una fábrica de hilados de algodón y conoció de primera mano el riesgo, la innovación y el esfuerzo que implica producir.
Fue justo esa experiencia práctica la que lo llevó a formular una de las ideas más poderosas y simples de la economía clásica. Según Say, la oferta crea su propia demanda. Cuando una persona o una empresa produce algo de valor —ya sea tela, pan, maquinaria o un servicio— genera gastos (salarios, maquinaria, materias primas, pagos a proveedores). Ese dinero no desaparece: se convierte en poder de compra para adquirir los bienes que otros producen. En palabras más llanas: cada vez que alguien fabrica un bien o presta un servicio, está creando, al mismo tiempo, la capacidad económica para que alguien más compre lo que otros producen. La producción no solo satisface necesidades; genera un círculo virtuoso de demanda, nuevas oportunidades de negocio y contrataciones laborales.
Además, esta dinámica beneficia al consumidor. El aumento de la inversión y la producción genera mayor competencia en los mercados, traduciéndose de forma gradual en una reducción de precios. Al mismo tiempo, el incremento en la contratación laboral y en los salarios reales permite que los trabajadores eleven su consumo, impulsando una mayor actividad económica. Así, se configura un círculo que dinamiza la economía sin depender del gasto público.
Otro aspecto positivo de esta política es que, cuando se aplica correctamente, genera un aumento de los ingresos fiscales y mayores aportes al sistema de pensiones. Sus detractores sostienen que reducir impuestos y eliminar trabas regulatorias implica una caída en la recaudación y, por tanto, un mayor déficit fiscal. Sin embargo, el efecto es el contrario: aunque las tasas impositivas bajen, la expansión de la actividad económica amplía la base tributaria y ello termina aumentando la recaudación total.
La economía de la oferta ha demostrado su eficacia en diversos países, y Panamá no es la excepción. Durante el gobierno de Martín Torrijos se aplicaron varias de estas políticas. Los resultados: una considerable reducción del desempleo, un significativo aumento del PIB, un incremento sostenido de la recaudación tributaria e incluso tres años consecutivos de superávit fiscal. Estos resultados sentaron las bases para que las tres principales agencias calificadoras de riesgo otorgaran a Panamá el grado de inversión.
El autor es abogado.
