Lamentamos la pérdida de empleos derivada de los recientes ajustes en el sector productivo panameño. Cada puesto de trabajo representa una historia humana y un hogar afectado. No obstante, parte de estas decisiones empresariales se explica por un entorno más exigente. En 2024 se aprobó la Ley 438, que elevó la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sobre bebidas alcohólicas de B/. 0.045 a B/. 0.065 por grado alcohólico por litro, un incremento del 44%, con el propósito de financiar el bono anual de B/. 140 para jubilados y pensionados. Es un fin social legítimo, pero que recuerda una lección básica de economía: toda política tributaria conlleva efectos sobre la producción, el consumo y el empleo.
El problema de fondo no es el propósito social de la ley, sino su efecto acumulativo en un contexto en el que las empresas ya enfrentan presiones fiscales y regulatorias. Durante 2025, Panamá ha experimentado un aumento de impuestos, una reducción del gasto público y una visible caída en la confianza de los consumidores. Estos tres factores, combinados, han reducido el dinamismo económico y limitado la capacidad de las empresas para sostener el empleo. Cuando la recaudación aumenta mientras la demanda interna se debilita, el tejido productivo se tensa: las compañías deben reducir costos, aplazar inversiones o ajustar su estructura.
La producción nacional de bebidas alcohólicas ha caído más del 12% en 2025, lo que ilustra cómo las medidas fiscales y la pérdida de poder adquisitivo impactan directamente en la actividad económica. Al mismo tiempo, la confianza del consumidor panameño se mantiene en 79 puntos sobre 100, dentro del rango de desconfianza, cuando hace pocos años superaba los 90 puntos. Esta caída refleja la percepción de que el empleo, el crédito y el consumo están bajo presión.
En este escenario, el equilibrio entre sostenibilidad fiscal y competitividad empresarial resulta crucial. La disciplina en las finanzas públicas es necesaria, y el esfuerzo del Estado por mantener la planilla dentro de límites sostenibles constituye una medida responsable. Pero si la contracción del gasto no se compensa con condiciones favorables para la inversión, el crecimiento se frena. En momentos de bajo optimismo económico, imponer nuevos costos o controles sobre la libre fijación de precios envía señales adversas. Un mal ejemplo que podría agravar la situación es la propuesta legislativa que busca regular los precios de las matrículas y servicios en los centros educativos privados. Aunque busca “proteger al consumidor”, terminaría desincentivando la competencia, limitando la innovación y reduciendo la oferta. Cuando se restringe la libertad de precios o se sobrecarga al productor, el mercado se paraliza.
La libre empresa ha demostrado ser, a lo largo de la historia, el sistema más eficaz para crear riqueza, fomentar la innovación y ampliar las oportunidades de empleo. Su fortaleza radica en la libertad de emprender, producir y progresar, pero también en su capacidad de sostener al propio Estado mediante los impuestos que genera. Defenderla no significa ignorar la función social del gobierno ni los programas de apoyo, sino entender que sin una economía privada dinámica y rentable, no hay base fiscal sostenible para mantenerlos.
Panamá se encuentra ante una coyuntura compleja. Todo indica que el desempleo podría alcanzar niveles de dos dígitos este año, y no existe una solución mágica que revierta la tendencia. Lo que sí existe es la posibilidad de retomar el crecimiento mediante confianza, inversión y apertura. El país debe liberar las fuerzas que crean empleo. Cada puesto recuperado fortalece la economía, la dignidad y la esperanza de las familias panameñas. Esa, y no otra, es la mejor política social posible.
El autor es miembro de la Fundación Libertad.
