Panamá, como Estado, tiene años posicionándose como un aguerrido legionario en la lucha contra el tabaco. No solo tenemos una legislación antitabaco que me atrevo a decir que es una de las más restrictivas de la región, sino que la gestión ha sido públicamente reconocida por instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como muestra de esto, Panamá ha sido elegida como sede de la décima reunión de la Conferencia de las Partes (COP10) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y el tercer periodo de sesiones de la Reunión de las Partes (MOP3) del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, reuniones que se celebran de forma consecutiva del 5 al 12 de febrero con el lema “Unidos por una vida sana”.
Si bien esto habla maravillas de nuestra gestión como país, hay otras aristas que considerar. Empezando, el ser seleccionado para estos eventos representa gastos considerables para nuestro país. No es como que vamos a ser la sede de las Olimpiadas o de la Copa del Mundo, que son eventos que generan empleos en obras de infraestructura y en el sector turístico y que atraen miles de visitantes, representando una codiciada inyección a la economía del país anfitrión. Al contrario, nos estamos gastando $5 millones en un evento de ocho días para 1,500 personas, principalmente diplomáticos y tecnócratas, sin que esto represente un beneficio real para Panamá.
Adicional al hecho de que este gasto, que no es poco, pareciera ser gastar pólvora en gallinazo, existe mucha suspicacia alrededor de esta organización debido a la falta de transparencia y que los mecanismos utilizados para la contratación de los servicios necesarios para este evento no corresponden a los procesos normados para una actividad promovida con dineros públicos. Es decir, se fueron a las famosas “contrataciones especiales”, lo que solo es señal de ineptitud o de corrupción. Hablamos de montos millonarios, y al parecer, sin ningún tipo de fiscalización. Claro, con lo que no nos cuesta, hagamos fiesta.
Este evento no ha sido el único en levantar alarmas sobre la gestión del dinero que recibe la Comisión Nacional de Control del Tabaco (CNCT) del Ministerio de Salud (Minsa), considerando que esta comisión, según se reportó en distintos medios en diciembre de 2023, está siendo sujeta a auditorías por supuestas irregularidades, incluyendo la compra de 20 pickups que nunca se dio y la reasignación de fondos para fines no especificados. ¿Dónde está ese dinero? Con todo esto, pareciera ser que la lucha contra el tabaco ha resultado ser una gallinita que pone huevos de oro.
Aquí es donde pregunto: ¿De qué vida sana estamos hablando, si el Instituto Oncológico Nacional ruega por presupuesto? ¿Qué promoción se le da a las clínicas de cesación? ¿Cuántas hay en el país? ¿A cuántas personas brindan servicio? Pero sobre todo, ¿con qué moral hablamos sobre la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco cuando la propia coordinadora de la CNCT tiene una denuncia por la omisión en ese deber en particular?
Mientras tanto, el Hospital Oncológico tiene que rogar por fondos mientras las autoridades que deben velar por la salud de los panameños se hacen de la vista gorda hacia el contrabando de cigarrillos y vaporizadores.
Ya va siendo hora de que nuestros gobiernos sean responsables y transparentes con el dinero público y administren estos fondos en acciones contundentes contra el tabaquismo y no en campañas de postureo ético que solo benefician unos cuantos bolsillos. A punta de coctelitos no vamos a prevenir nada ni a curar a nadie.
La autora es miembro de la Fundación Libertad
