Después de una fiesta, llega la resaca: dolor de cabeza, malestar y la promesa de no volver a excederse. Algo similar ocurre con las finanzas públicas de Panamá. La administración actual recibió una compleja herencia fiscal que hoy se traduce en un déficit récord y un panorama de incertidumbre.
El Gobierno reveló los datos del balance fiscal de 2024 hace algunos días. Las noticias, como anticiparon múltiples analistas y el propio ministro de economía, no fueron buenas. Sin embargo, la realidad superó las proyecciones más pesimistas del mercado, pues el resultado fue peor de lo previsto.
El déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) fue de $6,410 millones de dólares o el 7.4% del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra más alta registrada si se omite el año de la pandemia ($5,522 millones o 9.6% del PIB). Comparado con el 2023, el incremento del déficit fue de $3,146 millones (+96%), es decir, la diferencia negativa entre los gastos y los ingresos del Estado estuvo cerca de duplicarse en un solo año. En el resultado se materializó la tormenta perfecta: los ingresos cayeron (-7.1%), el gasto aumentó (+11.7%), la economía se desaceleró, creció el desempleo y persiste la crisis del sistema de pensiones, que añade más presión a las finanzas públicas.
Uno de los argumentos esbozados para explicar el resultado, consistió en el incumplimiento de la meta de recaudo del Gobierno Central, cuyos ingresos fueron sobrestimados en $2,207 millones de dólares, un 20% menos del recaudo efectivo. Si bien, históricamente, en el presupuesto los ingresos han tendido a sobrestimarse y el gasto a subejecutarse (en otras palabras, se recauda y se gasta menos de lo presupuestado), el problema se agravó debido a que el presupuesto de gasto tuvo una ejecución mayor a la esperada, es decir, hubo ineficiencia en el recaudo, pero eficiencia en el gasto, que tuvo poca flexibilidad para ser ajustado.
Además de esto, otro aspecto preocupante y atípico obtuvo menos protagonismo: los ingresos del SPNF se contrajeron en $1,041 millones (-7.1%), fenómeno que en las últimas décadas solo sucedió en 2019 (-$373 millones) y 2020 (-$2,489 millones). Esta contracción es explicada principalmente por una caída en el recaudo de los ingresos tributarios directos (en mayor medida compuesto por el impuesto sobre la renta de personas y empresas) del Gobierno Central, en línea con el deterioro de las condiciones macroeconómicas del país.
Aunque los mercados y la estrategia del gobierno se enfocan en el presente y futuro, no es un hecho menor la revisión que se realizó al déficit del 2023, que pasó del 3.0% al 3.98% del PIB, lo cual significa una violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal planteada para ese año (3.0%). ¿Por qué sucedió? La administración actual realizó el pago de cuentas atrasadas a proveedores, cuyo monto ascendía a $873 millones, de los cuales $331 millones correspondían al 2023, por lo cual el gasto se asignó a este año; además, se restaron $225 millones del ingreso de 2023 y se asignaron al 2024, modificando el resultado final. Este hecho podría poner en duda el principio de devengado de las cuentas fiscales.
Cada vez resulta más urgente la implementación de un plan de contención del gasto, mayor eficiencia en el recaudo y revisión del gasto tributario. Aunque algunas medidas ya han sido anunciadas por el Ministerio de Economía, el panorama luce retador, pues debe contemplarse adicionalmente el aporte del gobierno al déficit de la Caja del Seguro Social en el marco de la reforma pensional.
Para el 2025, la Ley fiscal establece el tope del déficit en 4%, y el marco fiscal del gobierno lo sitúa en 3.9% del PIB. Reducir el déficit del 7.4% de 2024 a la meta establecida puede significar un ajuste del gasto considerable y una eficiencia sin precedentes en el recaudo del país. Los agentes del mercado, especialmente las calificadoras de riesgo, vigilan de cerca el devenir de la situación fiscal de Panamá, mientras el grado de inversión continúa sometido al escrutinio y la población se encuentra expectante a un giro de timón en el entorno macroeconómico.
Los excesos del pasado han dejado una factura que debemos asumir, pero también representan una oportunidad para aprender y corregir el rumbo. Con medidas firmes, transparencia y un compromiso real con la responsabilidad fiscal, Panamá puede superar esta etapa y sentar las bases para un futuro más sostenible. Después de todo, incluso la peor resaca tiene cura… siempre y cuando se tomen las decisiones correctas.
El autor es economista.
