En la antesala de los premios Oscar, mientras Hollywood se dispone a celebrar sus propias historias, en las calles se desarrolla otra que guarda mucha relación. Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, logra capturar esa realidad con la crudeza necesaria, exponiendo un sistema que ha decidido tratar la movilidad humana como una amenaza.
Se llevan a la gente como si fueran criminales; las separan de sus hogares, las arrastran día y noche sin que se les permita llevar nada consigo, escribió Ana Frank en su diario. Esa escena se ejemplifica también en esta cinta filmatográfica, cuando los migrantes que refugiaba Sergio, interpretado por Benicio del Toro, se esconden en la trastienda de su abarrotería en un relato atravesado por la presencia recurrente de campos de detención que nunca necesitan explicarse para ser comprendidos. Tanto el testimonio como la película exponen una verdad incómoda: cuando el Estado convierte la migración en una cacería, la solidaridad se vuelve una forma de resistencia.
Las recientes redadas del Immigration and Customs Enforcement (ICE) han evidenciado una política cada vez más punitiva. Detenciones masivas, operativos sorpresa y el uso excesivo de la fuerza, en cuyo contexto se han producido muertes como las de Renée Good y Alex Pretti y a su vez han provocado protestas ciudadanas como las del primer fin de semana de febrero del 2026.
Este escenario contrasta con el andamiaje jurídico internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar que estos abusos se repitieran. Convenciones, pactos y tratados reconocen el derecho a la dignidad, al debido proceso y a la protección de las personas migrantes. Pero la no ratificación de varios de estos instrumentos por parte de Estados Unidos y el debilitamiento del sistema multilateral, visible en recientes acciones unilaterales de alcance internacional, nos regresa a la Ley del Talión, donde los países pequeños pierden siempre.
Ante este panorama, rescato la importancia de las posturas de las potencias medias, como bien las identificó el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en su discurso en el Foro de Davos. El nuevo orden mundial exigirá que países como México, Brasil, Argentina junto con el bloque centroamericano y del Caribe fijen posiciones que reconozcan la dignidad humana como el centro de las políticas que todos los Estados de la región deben impulsar.
Esa responsabilidad política se vuelve especialmente urgente cuando se trata de la migración, un fenómeno que atraviesa todo el continente y que ningún Estado puede gestionar de manera aislada. Las potencias medias de la región tienen hoy la oportunidad y el deber de impulsar un enfoque común que reconozca la movilidad humana como un derecho y no como una amenaza, garantizando rutas seguras, procesos ordenados y estándares mínimos de protección desde el sur hasta el norte del continente. Asimismo, promover que otros países lo cumplan. Sin una visión compartida sobre la movilidad regional, las políticas migratorias seguirán fragmentadas, desiguales y sujetas a la arbitrariedad del poder, reproduciendo la violencia que dicen querer contener.
La migración no es un crimen, es un fenómeno humano tan antiguo como la historia misma. Criminalizarla no la detiene. Como escribió Ana Frank: a pesar de todo, sigo creyendo que la gente es buena en el fondo y como lo hizo Sergio en Una batalla tras otra con su solidaridad, no como un gesto heróico sino como una obligación mínima frente al dolor ajeno, la humanidad se mide precisamente en la capacidad de proteger al otro cuando el poder decide perseguirlo. La pregunta es si las poblaciones y las potencias medias están dispuestas a demostrarlo.
Mientras Hollywood aplaude sus historias en la alfombra roja, el verdadero desafío está fuera de la pantalla: decidir si el mundo seguirá resolviendo sus conflictos con muros y redadas o si aún queda espacio para la Ley, la humanidad y la memoria.
El autor es abogado.
