La reciente noticia publicada en La Prensa sobre la prórroga solicitada por la empresa auditora SGS para la entrega del informe final de la mina Cobre Panamá no es un mero trámite administrativo; es una señal de alarma que debe resonar con fuerza en los pasillos gubernamentales. El retraso injustificado en la publicación de los hallazgos técnicos sobre el estado real de la mina siembra dudas razonables: ¿estamos ante una dificultad técnica o ante un intento de dilación estratégica para evitar revelar realidades incómodas?
Como sociedad, hemos sido testigos de reportes mensuales que advertían sobre riesgos críticos, como el drenaje ácido de roca y la inestabilidad de estructuras vitales. No podemos permitir que el Gobierno Nacional avance en conversaciones o intenciones de reactivación extractiva sin tener sobre la mesa el documento definitivo de esta auditoría integral. Tomar decisiones de tal magnitud a ciegas, o ignorando las advertencias técnicas de los auditores ambientales, sería una irresponsabilidad histórica con graves consecuencias ambientales y económicas.
El informe final no es un documento de consulta opcional para el Ejecutivo; es la línea base obligatoria sobre la cual debe construirse cualquier política pública respecto al futuro del complejo minero.
Tengo la sospecha fundada de que se busca tiempo para gestionar las narrativas antes de que la verdad científica se haga pública; pero el Gobierno de Panamá tiene un mandato superior: proteger el interés general y garantizar el cumplimiento del derecho a la información, consagrado en la Ley 6 de 2002 y el Acuerdo de Escazú. Cualquier maniobra que busque minimizar los hallazgos técnicos en favor de intereses privados o de una premura política por la caja fiscal será recibida con justificada indignación ciudadana.
Sin embargo, incluso si el informe llegara mañana y fuera cristalino, una decisión de esta envergadura no puede tomarse a puerta cerrada, en el Salón Amarillo de la Presidencia, a espaldas del pueblo, que escogió al mandatario. La minería a gran escala no es solo un tema de ingeniería o de finanzas; es una cuestión de soberanía territorial y de salud pública a largo plazo. La mejor situación, y la única que otorgaría legitimidad democrática a cualquier escenario futuro, es que se consulte a la población mediante un plebiscito nacional.
El país merece decidir si quiere seguir el camino de una industria con vulnerabilidades comprobadas o si prefiere trazar un rumbo hacia una economía más sostenible. La soberanía reside en el pueblo, y es este quien debe tener la última palabra sobre un activo que condiciona nuestro patrimonio natural por décadas. El Gobierno debe resistir la presión de actores económicos, esperar la auditoría y, más importante aún, comprender que la legitimidad de su gestión depende de su disposición a escuchar la voluntad popular antes de sellar, de forma irreversible, el destino de nuestras tierras.
El Presidente no puede pasar por encima de la voluntad popular, de donde emana el poder público y su legitimidad. Como bien dice el dicho: “quien más consulta, menos se equivoca”.
El autor es abogado.
