Cuando Julio César, con sus tropas, cruzó el río Rubicón en el norte de Italia —límite entre el territorio metropolitano de Roma y la provincia de la Galia Cisalpina, que le había sido asignada por el Senado romano— inició la rebelión contra ese órgano y arengó a sus hombres con la frase “la suerte está echada” (alea iacta est). Esta expresión marca un punto de no retorno, un momento en que una decisión irreversible ya ha sido tomada.
El presidente de la República, y sus principales voceros, han dado por hecho que la mina de Donoso iniciará operaciones el próximo año, argumentando que, sin ella, la economía caería en el despeñadero. Tal afirmación —que recuerda el eslogan “Panamá es la mina y la mina es Panamá”— carece de sustento histórico. Antes de la operación minera, la economía nacional funcionó sin contratiempos; Panamá no depende de la extracción de minerales para su sostenibilidad. La crisis actual y la pérdida de certificaciones de inversión responden al mal manejo de la cosa pública y a decisiones equivocadas tomadas en los últimos veinte años, marcados por un evidente latrocinio estatal.
Las protestas espontáneas de octubre y noviembre de 2023 demostraron que la ciudadanía posee una conciencia ambiental clara y está dispuesta a defender el entorno ante decisiones estatales que pongan en riesgo la salud y la integridad de las personas. Los sondeos de opinión —incluso los elaborados “a la medida”— coinciden en que una amplia mayoría rechaza la reapertura de la mina de Donoso y, en general, cualquier operación minera en Panamá.
El presidente parece ignorar esta oposición, insistiendo en revivir una operación dos veces censurada, ya sea alegando que “el hueco está hecho” o que es necesario “beneficiar a sectores económicos importantes”. Esto solo generará nuevas fricciones y protestas ciudadanas.
El artículo 2 de la Constitución es claro: “El poder público solo emana del pueblo”. La doctrina nacional lo interpreta así: “la titularidad del poder que ejercen las autoridades… tiene como origen y titular al pueblo (…) el soberano no es la autoridad, sino el pueblo, de donde emana dicho poder” (Rigoberto González Montenegro, ¿El Cónyuge del Presidente de la República puede Candidatizarse a Dicho Cargo?).
Siendo evidente que el poder originario pertenece a la ciudadanía, proponemos que, antes de que el Gobierno cometa un paso en falso, se consulte al pueblo mediante un acto electoral abierto y con garantías, donde todas las partes puedan expresar sus argumentos en igualdad de condiciones.
Como antecedente, en noviembre de 2023 el propio Gobierno presentó a la Asamblea un proyecto de ley para realizar un plebiscito sobre la mina de Donoso. Esa vía sigue siendo válida antes de adoptar una decisión de semejante magnitud e impacto social.
Si, luego de escuchar al pueblo —quien lo eligió, señor Presidente—, la mayoría decide que debe abrirse la mina, estoy seguro de que esa voluntad será respetada y de que sus actos, en esa línea, quedarán legitimados.
El autor es abogado.
