Desde que inició formalmente operaciones la minera, a finales de 2019, el Estado ha recibido $134.6 millones en concepto de 2% de regalías por venta de cobre, oro y plata. De ese monto, $46 millones corresponden a los primeros 9 meses de 2022, muy poco si tomamos en cuenta que las ventas brutas llegan a $2,285 millones. Ni hablar que la empresa sigue exonerada del pago del impuesto sobre la renta e impuesto de introducción, además de mantener otros beneficios fiscales.
Hagamos algo de historia. El Decreto Ley 23 de 1963, estableció una regalía máxima de 16% para las operaciones mineras en Panamá y la obligación del pago de todos los impuestos (incluyendo impuesto sobre la renta y un impuesto especial para la actividad minera). Pero fue el gobierno militar (apoyado por el PRD) el que mediante la Ley 3 de 1988, en medio de las protestas civilistas y para atraer este tipo de inversión a un Panamá que se desintegraba, redujo la regalía al 2% y simplificó o eliminó todos los impuestos.
En base a esta legislación dañina para el país, se elaboró y firmó el contrato de 1997 con Petaquilla (otro gobierno PRD). Luego se dividió entre Petaquilla Gold y Petaquilla Mineral, para después ser adquirida la concesión por First Quantum de Canadá en 2014, a pesar de que en 2009 un grupo de ambientalistas presentó una demanda de inconstitucionalidad.
En primer lugar, la minera debe entender que no puede seguir con las exoneraciones fiscales. Impuestos pagamos todos. Y respecto al pago mínimo de $375 millones anuales, entendemos que el contrato contenga algún tipo de protección, en caso de que el precio de la libra de cobre se desplome. Según el presidente de la Cámara Minera de Panamá, sobre esos $375 millones anuales como propuesta aceptada por la empresa en enero 2022, señala que ese planteamiento ha sido reiterado, nunca rechazado; pero la empresa necesita, según el empresario, las garantías y las salvaguardas, tomando en cuenta la fluctuación del precio del cobre, que no lo pone Panamá ni la empresa, y que desde que se hizo el acuerdo hasta ahora ha bajado en 20% y han subido los costos. Y frente a estas fluctuaciones del precio, debe existir en el contrato la flexibilidad necesaria. Sobre el 2% de regalías o producción, la intención sería recibir de 12% a 16% sobre los beneficios (utilidades) de la operación y no sobre las regalías.
Asimismo, con relación a la extracción, transporte y beneficio de oro y plata, de estar encontrándose rastros de estos minerales, deben incluirse los cargos por la extracción, transporte y beneficio de todos estos minerales metálicos en el contrato, no solamente del cobre.
El problema oscila en que, a lo largo del tiempo, no parecen haberse defendido los intereses panameños. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, cuyas actuaciones negativas parecen no tener consecuencias, demoró el tiempo que le dio la gana (ocho años) para resolver, en 2017, que el contrato ley era inconstitucional, cuando ya la empresa había invertido más de $7 mil millones. Sobre ese fallo, la calidad del mismo (bastante pobre, por cierto) no ameritaba tomarse ocho años para resolverlo.
Igual de sospechoso fue que la Corte, además, demorara cuatro años adicionales (hasta junio 2021) para resolver los recursos dilatorios que presentó la minera contra el fallo. Y para rematar, no sería hasta el 22 de diciembre de 2021 (seis meses después) que el fallo se publicó en Gaceta Oficial.
El presidente de la República transmitió su mensaje en enero 2022, asumo que producto de la expedición de una escueta, conveniente y muy opaca carta de la empresa, en la que afirmó comprender “los términos generales planteados por el Gobierno Nacional de Panamá, a la vez que considera razonable un aporte anual mínimo de $375 millones por parte de la mina Cobre Panamá”.
Si bien, según esta frase, parece existir un acuerdo tangible, nadie le puso atención al área gris de la siguiente oración cuando, al aceptar la propuesta del Gobierno Nacional, añadió de manera sórdida lo siguiente: “… a la vez que solicitamos se brinden las protecciones necesarias con el fin de que se salvaguarde la continuidad de la operación durante la vigencia del proyecto”.
¿Qué quiso decir First Quantum con ese término de “protecciones necesarias”? Eso lo sabrán ahora los negociadores de ambas partes en medio de la trifulca. A simple vista, todo parecía ir bien. Sobre todo cuando dos meses después, en marzo 2022, el presidente, en una segunda conferencia de prensa, decidió repartir los panes y los peces con ese dinero que recibiría. Y la empresa, al menos públicamente, no reaccionó. Lo demás es historia pública y notoria a lo largo del 2022.
El gobierno panameño que se olvide de esa supuesta repartición de riquezas, según lo que transmitió el presidente en marzo pasado. Que utilice los fondos de la minería (si se llega a un acuerdo) para fortalecer salud, educación, obras públicas e inversiones para generar empleo según prioridades, pero en el gobierno central. Y que deshaga lo que dijo de entregar $190 millones anuales como mínimo al IVM, por haber sido un mensaje demagógico y populista.
Esta cifra no solo no representa ningún tipo de solución (el costo mensual de las jubilaciones es de $180 millones o $2,160 millones anuales), sino que le estaría restando recursos al resto de los panameños que no cotizan en la CSS, pero que necesitan beneficiarse con infraestructura en salud, educación, deporte, cultura, justicia, etc. Menos se le ocurra colocar un 20% de los ingresos para que ningún jubilado gane menos de $350. La solución del sistema del IVM implica otros aspectos, como el cambio de las medidas paramétricas entre otras cosas de mayor envergadura, que este gobierno, al igual que los dos anteriores, no ha querido ni desea afrontar ahora disque por falta de capital político. Nada tiene que ver con esto las regalías que se generen de la mina de cobre.
En conclusión, que la empresa minera acepte pagar todos los impuestos que le corresponde a cualquier negocio en Panamá, sin ningún tipo de exoneración, y que ese porcentaje mínimo de pago anual de $375 millones sea ajustado en caso de desplome del precio, siempre para beneficio del pueblo panameño.
Que se reemplace ese ridículo 2% de regalías por el 12% a 16% que podría ser sobre las utilidades de la empresa, según lo que reciben países vecinos de utilidades mineras, aunque eso implique también trastocar un poco el cobro mínimo de los $375 millones. Defendamos nuestros intereses como Estado, no el discurso turbado de un aturdido presidente.
El autor es abogado
