En Panamá, cientos de mujeres humildes —jefas de hogar, trabajadoras informales, cuidadoras invisibles— quedaron atrapadas en un vacío legal desde que entró en vigor la Ley 467 de 2025, que subrogó la Ley 16 de 2016. Esta norma transfirió las funciones de la justicia comunitaria al Ministerio de Gobierno y Justicia, pero olvidó lo esencial: establecer cómo ejecutar las decisiones ya emitidas por jueces de paz en materia de pensión alimenticia.
El derecho de alimentos de muchos niños y niñas quedó en el aire. No hubo disposición transitoria, ni instrucciones claras, ni canales habilitados para presentar solicitudes de desacato en casos con pensiones fijadas antes de la nueva ley. Y, mientras el Estado esperaba una reunión de coordinación interinstitucional para decidir qué hacer, las mujeres debieron resolver solas: sus hijos e hijas no comen aire, y las obligaciones de los padres incumplidos se diluyen en la impunidad, entre levantamientos de inventarios y traslados de expedientes.
Como si no bastara la frustración de quienes confiaron en un sistema que parecía más cercano y accesible, llegó el anuncio de la eliminación del Ministerio de la Mujer. Una conquista del movimiento de mujeres panameño, fruto de una historia colectiva de luchas por la igualdad, que halló autonomía institucional en el Inamu en 2008 y fue elevada a rango ministerial hace apenas dos años. Su desaparición no es solo un ajuste institucional: es un símbolo. Dice que las políticas de igualdad son prescindibles, que la agenda de género es descartable. Que el poder puede prescindir de nosotras sin consecuencias.
La paradoja es dolorosa. Panamá ostenta hoy la presidencia de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), el principal espacio hemisférico de defensa de los derechos humanos de las mujeres, y ha anunciado que aspira a una de sus vicepresidencias para el siguiente periodo. Nos corresponde entregar la presidencia a inicios de 2026, año en que nuestro país será sede de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). ¿Cómo sostener ese liderazgo cuando internamente se desmantelan las estructuras que lo hicieron posible? ¿Qué coherencia puede haber entre el discurso que pronunciamos en foros internacionales y las decisiones que tomamos en casa?
La representación de las mujeres en los espacios de poder no es un gesto decorativo: es una necesidad democrática. Desde allí se pueden prever, evitar o corregir omisiones que afectan a las madres más vulnerables, como la de la Ley 467 de 2025. Es lo que impide que las instituciones desaparezcan sin que nadie defienda su sentido.
Sin voces feministas en la toma de decisiones, la mitad de la población seguirá siendo invisible, en un país donde la justicia llega tarde o no llega.
La inequidad de género existe; quien no quiere verla no necesita más información, decide negarla. Panamá aún tiene la oportunidad de corregir el rumbo y demostrar que su liderazgo hemisférico en derechos de las mujeres no es solo protocolar, sino un compromiso vivo y consecuente con la mitad que cuenta. Que lo haga pronto, por dignidad, por justicia y por coherencia.
La autora es abogada, fue ministra de Desarrollo Social (2005–2009) y embajadora ante la OEA (2019–2024).
