Diecinueve cuerpos. Ese es el número que motivó, en febrero, un oficio urgente de la Unidad Regional Los Santos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica. Diecinueve menores panameños Ngäbe muertos entre 2020 y 2026 en la zona cafetalera donde miles de familias migran cada temporada. Diez fallecieron por bronconeumonía, una infección que puede prevenirse con vacunación e hidratación oportuna. El propio informe reconoce que estas muertes pudieron evitarse.
Ese oficio no describe solo un problema costarricense: describe lo que le espera a una familia Ngäbe, cruce la frontera o se quede en Panamá. El informe “Educación Mortal”, de FUDESPA y Jóvenes Unidos por la Educación, documentó entre 55 y 70 muertes por ahogamiento en veinticinco años dentro de la comarca; el 60% de las víctimas tenía entre 5 y 12 años y el 87% ocurrió durante el trayecto escolar. Un mes después, la cifra aumentó tras la muerte de dos niñas de 5 y 8 años en una quebrada crecida en Cascabel, Mironó.
Que sea una fundación, y no el Estado, la que cuenta a estos niños dice tanto como la cifra misma. El OIJ costarricense, adscrito al Poder Judicial, difundió su alerta. En Panamá, la Dirección de Investigación Judicial, adscrita a la Policía Nacional, que debería producir un reporte equivalente, no ha emitido ninguno.
Las víctimas no cesaron. En abril, dos estudiantes de quince años murieron la misma semana en el río Cricamola, Kankintú. El 6 de enero, el Gabinete había anunciado 18.1 millones de dólares para cincuenta zarzos en la comarca.
Este patrón vulnera derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que Panamá y Costa Rica ratificaron: la vida y la supervivencia, la salud, la educación, la protección familiar y el principio de no discriminación por etnia o territorio. El oficio del OIJ confirma que el Sitlam, el sistema que debería dar trazabilidad a los migrantes panameños, no estaba vinculado con los casos revisados. Panamá arrastra una deuda propia: es de los pocos países latinoamericanos que se ha negado a ratificar el Convenio 169 de la OIT, que obliga a resolver estos temas de común acuerdo con las autoridades comarcales.
Ninguno de los dos Estados puede alegar pobreza. Costa Rica es una economía de ingreso alto según el Banco Mundial, con un PIB per cápita cercano a 20,100 dólares. Panamá la supera, con cerca de 20,750 dólares. Que diez niños hayan muerto de una enfermedad que puede prevenirse con una vacuna, en un país de ingreso relativo alto, no se explica por falta de recursos: es una violación evitable del derecho a la salud.
Tampoco se trata de mano de obra desechable. Los recolectores Ngäbe no son jornaleros ocasionales: su oficio exige destreza y conocimiento heredado por generaciones. No hace falta cruzar la frontera para comprobarlo. En Boquete y Tierras Altas de Chiriquí son los recolectores del café geisha, uno de los cafés más cotizados del mundo, entre más de 50 mil cosecheros, la mayoría Ngäbe, en una industria que admite su propia escasez de mano de obra. Pese a ello, provienen de una comarca donde casi el 94% vive en pobreza multidimensional y donde ir a la escuela exige jugarse la vida.
Existen referentes en otros países que podrían orientar a la comarca, siempre que lo ancestral siga siendo decidido por sus propias autoridades.
Si nada cambia, la comarca seguirá exportando lo único que el abandono le permite producir: mano de obra valiosa y familias expuestas a morir. Pero hay otra cara que rara vez se cuenta. Cada niño que no cruza el río por miedo, cada familia que no emigra pese al hambre, pierde también la oportunidad de estudiar, sin que ningún informe lo registre.
Hay que atacar la razón de fondo por la que un padre Ngäbe prefiere arriesgar a su hijo en un cafetal lejano antes que verlo crecer sin futuro en su propia tierra. Mientras esa raíz no se toque, los puentes que se construyan servirán para cruzar el río, pero no para vencer la pobreza que empuja a cruzarlo. La próxima muerte, si llega, no será una tragedia imprevista: será la factura de una responsabilidad que ambos Estados siguen sin saldar.
