Cada vez que se vulneran los derechos humanos de un niño, una niña o una persona adolescente, no se trata de un hecho aislado: es el reflejo de un fracaso colectivo. Fallamos como sociedad y, sobre todo, como Estado.
Lo que ocurre en Panamá con la cuestionada protección del interés superior de la persona menor es sumamente preocupante. El caso de los niños, niñas y adolescentes en riesgo social bajo la tutela de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), adscrita al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ha sacudido la conciencia pública. Sin embargo, más allá de la indignación momentánea y la cobertura mediática, persiste una pregunta inquietante: ¿qué está pasando realmente y por qué no hay respuestas claras?
La evidencia es contundente. Durante años se han documentado casos de abuso psicológico, físico y sexual contra niñas y adolescentes en albergues estatales. Algunos de estos casos han derivado en embarazos forzados, abortos y otras graves violaciones de derechos humanos. No estamos ante hechos recientes ni aislados: son denuncias que se remontan al año 2021 y que, cinco años después, siguen sin respuestas efectivas. La impunidad, en este contexto, también es una forma de violencia institucional.
Pero el problema es aún más profundo, porque la niñez en riesgo social —aquella separada de sus familias por contextos de violencia, criminalidad o abandono— continúa siendo una población altamente vulnerable. Los recientes hallazgos de redes de explotación sexual infantil en zonas como Bocas del Toro y áreas fronterizas con Costa Rica no hacen más que confirmar una realidad dolorosa: la niñez más desprotegida sigue siendo la más expuesta. Así también inquieta la cantidad de alertas por desapariciones de niñas, niños y adolescentes, principalmente de áreas indígenas.
Frente a este panorama, la respuesta estatal parece ausente, insuficiente y cómplice. No se perciben acciones articuladas, sostenidas y efectivas orientadas a garantizar el interés superior de la persona menor. Por el contrario, surgen propuestas que debilitan mecanismos de protección de derechos, afectando especialmente a niñas, adolescentes y mujeres, y profundizando su vulnerabilidad.
A esto se suma un elemento igualmente preocupante: la normalización de la discriminación desde espacios de poder. Resulta inaceptable que, en pleno contexto educativo, se emitan discursos con prejuicios raciales dirigidos a niñas, niños y adolescentes afrodescendientes. Este tipo de expresiones no solo refuerzan estereotipos, sino que legitiman la exclusión y erosionan el tejido social de un país que se reconoce como diverso y multicultural.
Mientras tanto, los casos de violencia sexual contra bebés, niñas y adolescentes continúan apareciendo en los titulares. La respuesta institucional, sin embargo, sigue centrada principalmente en la sanción penal. Si bien la justicia es indispensable, no es suficiente.
La ausencia de políticas preventivas con enfoque de género, derechos humanos e interseccionalidad evidencia una falta de visión estructural para enfrentar un problema que destruye vidas y comunidades enteras.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece con claridad que el interés superior de la persona menor debe ser una consideración primordial en toda decisión estatal. No es una recomendación: es una obligación, y Panamá hoy está en deuda con ese principio.
Las recientes recomendaciones realizadas al país en el marco del Examen Periódico Universal apuntan precisamente a fortalecer el sistema de protección integral de la niñez y la adolescencia. No se trata de un llamado simbólico, sino de una hoja de ruta urgente.
Panamá enfrenta uno de los desafíos más críticos de su presente. Ignorarlo no es una opción. El Estado tiene la responsabilidad de abrir espacios reales de análisis, con participación de la sociedad civil, y de construir respuestas concretas, eficaces y humanas, tanto a corto como a mediano plazo. La niñez y la adolescencia no pueden seguir esperando. El país está en deuda con esas ilusiones de la infancia.
La autora es abogada y defensora de Derechos Humanos.
