En un movimiento estratégico que redefinirá su papel en el comercio mundial, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha delineado una cartera de cuatro megaproyectos con una inversión estimada en más de $8,000 millones, proyectada a lo largo de una década (2025-2035). Esta iniciativa no solo busca ampliar la infraestructura, sino transformar a Panamá de un corredor de tránsito en un hub logístico y energético integral, resiliente y diversificado.
Los cuatro pilares de la transformación
El plan se sostiene sobre proyectos interdependientes. El primero, y fundamental, es la represa de río Indio, una respuesta estructural a la crisis hídrica exacerbada por el fenómeno de El Niño. Su viabilidad técnica es alta, respaldada por la experiencia de la ACP, y su financiamiento combinaría recursos propios con apoyo multilateral. Más allá de garantizar el suministro de agua para las operaciones del Canal y para cerca de dos millones de habitantes, este proyecto es la base de toda la expansión, al asegurar la confiabilidad operativa ante un clima cada vez más impredecible.
En el ámbito portuario, se planean dos terminales que fortalecerán la oferta de servicios de trasbordo. En el Pacífico, el puerto de Corozal, y en el Atlántico, el proyecto en Isla Telfers, se conciben como un esfuerzo combinado para incrementar la capacidad del sistema portuario nacional. Se estima que, en conjunto, estas dos terminales podrían añadir entre 5 y 7 millones de TEU a la capacidad actual, llevándola de aproximadamente 9.5 millones a unos 15 millones de TEU anuales. Corozal, en el Pacífico, atraería a grandes operadores portuarios globales y ofrecería conexión directa a la red vial, evitando la congestión de la capital. Mientras tanto, Telfers, concebida como una terminal multipropósito, fortalecería el hub de trasbordo para el Caribe y Sudamérica en sinergia con la Zona Libre de Colón.
Completa esta visión el proyecto de gasoducto para el transporte de GLP (Gas Licuado de Petróleo), que conectaría ambas costas. Esta infraestructura está planteada específicamente para el GLP (butano, propano y etano), un combustible clave para el bunkering de buques, la exportación regional y el uso industrial local, diferenciándose del GNL (Gas Natural Licuado), cuyo manejo es más complejo. Este proyecto posicionaría a Panamá como un nodo crítico en la cadena de suministro de energéticos más limpios.
Atracción global e impacto económico
El interés de las principales navieras del mundo (MSC, Maersk, CMA CGM y COSCO) está casi garantizado, impulsado por la promesa de reducción de tiempos de espera, tarifas competitivas y un suministro energético moderno. En el plano geopolítico, las potencias más beneficiadas serían Estados Unidos —cuya seguridad energética y rutas comerciales se fortalecerían—, China, en el marco de su iniciativa Belt and Road, y economías asiáticas como Japón y Corea del Sur, junto con países exportadores de gas como Qatar y Australia.
A nivel nacional, el impacto macroeconómico sería sustancial. Se estima un aporte al PIB de entre 1.5% y 2.0% anual durante la construcción y de 0.8% a 1.2% de forma permanente, además de ingresos fiscales adicionales de $300 a $500 millones anuales. En términos de empleo, se proyecta la generación de entre 15,000 y 20,000 puestos directos durante la fase de construcción de los proyectos combinados, y entre 8,000 y 12,000 empleos permanentes una vez entren en operación. Este efecto multiplicador revitalizaría sectores como la manufactura local y los servicios. La región centroamericana y caribeña también se beneficiaría, con una reducción estimada de entre 10% y 15% en costos logísticos y una mayor integración energética.
Desafíos y hoja de ruta crítica
El camino no está exento de obstáculos. Los riesgos ambientales y climáticos son significativos, junto con la competencia de puertos regionales como Limón o Cartagena, los ciclos económicos globales y la necesidad urgente de capacitar una mano de obra especializada. Para ello, se requerirán alianzas con instituciones como Senacyt y programas de reconversión laboral.
La ejecución exitosa demanda una implementación por fases: priorizar la represa de Río Indio, desarrollar los puertos de manera secuencial y dejar el gasoducto para cuando la demanda esté consolidada. Un modelo de financiamiento prudente y una gestión social y ambiental ejemplar, con consultas a los afectados y reubicaciones transparentes, serán claves. Finalmente, valdría la pena evaluar la oferta de participación accionaria regional y tarifas preferenciales, lo que podría convertir este proyecto nacional en un motor de integración centroamericana.
Conclusión: un salto generacional
Esta cartera de proyectos representa, en conjunto, una visión transformadora de largo plazo (2025-2035), con el potencial de añadir entre $15,000 y $20,000 millones a la economía panameña en una década y reducir el desempleo en varios puntos porcentuales. No se trata meramente de nuevas infraestructuras, sino de una reinvención estratégica: pasar de ser un canal a un corredor logístico-energético global. La viabilidad es alta, respaldada por la capacidad técnica y la reputación de la ACP. Sin embargo, su éxito dependerá de una coordinación institucional eficiente, una planificación financiera conservadora y un diálogo social continuo.
Ejecutados con excelencia, estos proyectos podrían marcar para Panamá, en la década de 2025-2035, lo que la ampliación del Canal significó en la de 2010: un salto cualitativo histórico en su desarrollo económico y en su relevancia geopolítica mundial.
El autor es práctico del Canal de Panamá.
