Se repite mucho que la salud mental es igual de importante que la salud física. Pero en Panamá eso no es verdad. Una cita en el sistema público puede darse hasta cuatro meses luego de su solicitud. Menos del 1% del presupuesto del Ministerio de Salud es destinado a salud mental. La mayoría de las aseguradoras no incluye dentro de sus pólizas tratamientos y atención en salud mental. En los colegios, universidades, comunidades y medios de comunicación, la salud mental sigue siendo un tema tabú. En las elecciones del 2019, ningún candidato presidencial desarrolló propuestas profundas de salud mental en sus planes de gobierno.
La pandemia de la covid-19 agravó la situación de salud mental en Panamá y en el mundo. Si bien la pandemia terminó, numerosos expertos aseguran que la covid-19 nos dejará una nueva pandemia: la pandemia de salud mental. En Panamá, se estima que cada tres días una persona muere por suicidio, que los trastornos de salud mental están en crecimiento y que el 10% de la población padece algún trastorno de salud mental.
En una encuesta gubernamental realizada durante el primer trimestre del año escolar 2022 en la que participaron 35 mil 374 estudiantes, 43% de los encuestados dijo tener una afectación emocional de leve a grave y 800 alumnos admitieron pensamiento suicida. La salud mental se ha desmejorado y hay que hacer algo antes de que se convierta en la próxima pandemia.
Mediante políticas públicas e intervenciones adecuadas y a tiempo, los suicidios y los trastornos de salud mental pueden ser prevenidos. Desde el inicio de la patria, muchos esfuerzos gubernamentales se han hecho en materia de salud mental y también han existido normativas dispersas de la materia. Sin embargo, no ha existido una política pública de Estado unificada que posicione la salud mental como prioridad y establezca mecanismos para que la salud mental no sea un lujo sino un derecho. La nueva Ley 364de 2023, “que desarrolla el derecho humano a la salud mental y garantiza su cobertura nacional”, busca hacer lo anterior y un poco más.
La Ley 364 busca, entre otras cosas, reconocer la salud mental como derecho humano, garantiza la disponibilidad y gratuidad de programas de atención de calidad a nivel nacional y reconoce los derechos de los pacientes. También busca establecer la no discriminación en materia de salud mental por parte de las compañías de seguro, crea campañas de prevención y educación, dictamina los mínimos de infraestructura en los lugares donde se atiende la salud mental y obligar a que los centros de salud privados no puedan negarse a prestar atención a las personas en una crisis de salud mental. A su vez, la ley busca asegurar programas de capacitación al personal que trabaja en la salud mental, destina presupuesto para la priorización de la salud mental y desarrolla otras para apoyar la salud mental de todos.
Adicionalmente, quizá uno de los elementos más importantes de la ley es uno que no se ve y que no está escrito. Y es que la promulgación de una ley de salud mental y su discusión en la Asamblea, al igual que su divulgación en los medios de comunicación, contribuyen enormemente a romper el tabú de no hablar de la salud mental. Normalizar la conversación de salud mental empodera a las personas a hablar y buscar la ayuda que necesitan.
Esta política pública no hubiese sido posible sin las contribuciones de psicólogos, psiquiatras, funcionarios y sobre todo los pacientes. Ahora está en las manos del Minsa y de la CSS aplicarla correctamente.
La muerte por suicidio y los trastornos de salud mental son complejos y causan dolor a millones de personas todos los años a nivel mundial. Esta ley de salud mental puede ayudar a salvar vidas y hacer la diferencia en la calidad de vida de las personas.
El autor es diputado independiente de la Asamblea Nacional y proponente de la Ley 364 de 2022
