El 24 de enero de 2023, tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Dicha cumbre culminó con la emisión de un documento titulado la Declaración de Buenos Aires. La asistencia de 23 de los 33 jefas y jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Celac a la Cumbre, coincide con la de los 23 de 31 jefas y jefes de Estado y de Gobierno que participaron de la última Cumbre de las Américas (recordar la ausencia de San Vicente y Granadinas, y la imposibilidad de que participasen las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua). Lo que también refleja la incipiente competencia entre dos modelos de orden regional.
En el caso del primer modelo, estamos ante un orden regional preestablecido, que data de 1890, con la conformación de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, la cual sería a la postre reemplazada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y su Carta de Bogotá de abril de 1948. Este orden regional descansa en valores y principios interamericanos comunes, cimentados en una práctica ya centenaria, e incluyen a la democracia, a los derechos humanos y a la transparencia como parte de su ADN. Todos estos desarrollados a través de robustos instrumentos jurídicos, como la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana contra la Corrupción y otros instrumentos, que en su conjunto conforman una suerte de corpus iuris interamericano.
El segundo es aquel que descansa en la Celac y que es de reciente formación (2010). El mismo carece de formalidad jurídica vía tratado. Estamos ante un bloque regional de Estados latinoamericanos y caribeños con mecanismos intergubernamentales de consulta en materia de integración, diálogo y concertación política. Este bloque se presenta como una alternativa política al orden regional de la OEA y favorece un modelo más bien transaccional de las relaciones intrarregionales, sin hacer énfasis en la democracia, los derechos humanos y la transparencia.
Precisamente, en el marco de la última Cumbre de la CELAC, los presidentes Lacalle de Uruguay y Boric de Chile, ambos de espectros ideológicos opuestos, se pronunciaron, con cierto grado de ironía, respecto al hecho de que la Declaración de Buenos Aires se refiriese a la democracia y a los derechos humanos, cuando en la cumbre de la Celac estaban presentes algunos Estados que definitivamente no respetan la democracia y los derechos humanos y que, en ocasiones, violan estos últimos de manera sistemática. Paradójicamente, la Declaración de Buenos Aires no hace referencia alguna a la Convención Interamericana contra la Corrupción; es más, parece ignorar su existencia al solo referirse a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. También queda de manifiesto la insistencia del bloque en interpretar de forma errada el principio de no intervención, el cual no es aplicable a situaciones que involucran vejámenes a la democracia y a los derechos humanos, y la corrupción a gran escala.
En este momento se está planteando un modelo de orden regional alterno, carente de principios y valores, en el que las autocracias son libres de participar en los procesos de integración política y económica, recibiendo los beneficios competitivos de vivir en una comunidad, sin importar qué tanto lesionen la voluntad popular; que ignora las serias y sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de unos Estados, y que facilita el advenimiento de las cleptocracias. La Celac tiene mucho potencial y cuenta con la plena capacidad para integrar de forma real los principios y valores que son parte del orden regional americano; solo se requiere de mayor voluntad.
El proceso tendiente al establecimiento de un orden regional es difícil e inclusive traumático para algunos. Así nos lo demostró Henry Kissinger mediante su tesis doctoral Paz, legitimidad y equilibrio. Curiosamente, la Celac tiene su génesis en los esfuerzos conjuntos del Grupo de Río y de la Comunidad Caribeña (Caricom), instituciones establecidas a lo largo del proceso de conformación del orden interamericano actual y que adoptaron sus principios y valores como propios. No podemos olvidarnos de que el Grupo de Río se consolidó como tal luego de las iniciativas de los grupos de Contadora y de Lima, las cuales, a su vez, cimentaron el orden subregional centroamericano, que por más imperfecto que sea, se basa en la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y la sujeción a estándares comunes de transparencia.
En momentos en los que el orden internacional basado en reglas sufre los embates de poderes revisionistas y de modelos alternos, sería iluso pensar que el orden regional americano que se desprende de este permanecería incólume a las alternativas transaccionales que ignoran los principios y valores ya mencionados. Nuestra tarea pasa por fortalecer las instituciones interamericanas e integrar a las alternativas planteadas una visión que favorezca los principios y valores comunes a todos los pueblos americanos.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional
