Durante la pandemia de influenza del 1918-1919, en Chicago se les llamó “vagos” (“slackers”) a quienes se negaban a seguir las intervenciones no farmacéuticas para mitigar el impacto negativo de la enfermedad sobre la salud y la economía del país. Solo a otro grupo de norteamericanos se les llamaba, entonces, “vagos” y eran aquellos que se negaban al deber cívico de apoyar los esfuerzos e iniciativas de la guerra mundial, que se libraba en Europa. Estas intervenciones no farmacéuticas eran: cuarentena y aislamiento, distanciamiento social y cierre de las escuelas. En diversas ocasiones frente a pandemias, estas intervenciones no farmacéuticas son el instrumento inicial y único -mientras se logran producir vacunas y fármacos específicos, probados y seguros- para contener la enfermedad, la saturación paralizante de los hospitales, el agotamiento y desgaste del personal higiénico y médico, y la mortalidad incrementada por estos factores.
De estas medidas, el cierre de las escuelas y la cuarentena son las que más fricción causan y han causado entre los ciudadanos, y se agiganta la inconformidad con ellas en la medida que se prolonga su uso. Por un lado, se percibe con la cuarentena una medida de restricción del movimiento y desplazamiento libre y, no siendo voluntaria, una que no respeta la autonomía del individuo. El cierre de las escuelas se enfrenta al principio de que “los individuos deben ser libres de actuar como lo deseen, a menos que sus actos causen daño a otros” y al temor no infundado, de que una escuela sin salones es un instrumento flaco del que solo puede esperarse un pobre aprendizaje. Si los sistemas de salud no son robustos, el principio de proporcionalidad -que recuerda que las restricciones a las libertades individuales por las medidas de mitigación no excedan lo que es necesario para responder a la percepción de riesgo de la comunidad- no solo es ignorado sino abandonado.
Lo cierto es que los números horrendos que presenta la humanidad por enfermos y muertos por covid-19, por sus secuelas biológicas y psíquicas incapacitantes, han podido ser menores si la política electorera y clientelista no se hubiera entrometido en el campo de la ciencia. La política como instrumento para persuadir en favor del bienestar y no por la complacencia -cual populismo falseador- falló frente a la seriedad y gravedad de la pandemia. Esto no lo entienden políticos sin empatía por los enfermos y sin formación en ciencias. Y, si las lecciones que dejan sistemas de salud empobrecidos se han aprendido, los políticos pueden ser parte de la solución, si atienden mejor las necesidades de salud pública, de la ciencia y de la educación. No hay espacio para el despilfarro y menos para restregarnos en la cara que hacen lo que les da la gana, que lucen y dan autoridad orgullosamente a lo peor de sus filas y sus métodos, como hace un cartel de narcotraficantes o una mafia siciliana que, si no le exige impuestos de protección a las gentes, le roba los dineros que las protegerían.
La apropiada implementación de intervenciones no farmacéuticas, con sus duras e impopulares restricciones, comprenden estrategias de salud púbica de probada eficacia, por lo cual las consecuencias no intencionales que resultan de ellas, no deben ser instrumento para una crítica sin ofrecer otras formas eficaces y seguras de manejo. La misión de la salud pública es promover la salud de las gentes. La de la ética es sostener el bien común o la justicia social sobre la autonomía individual.
El recuento histórico favorece la eficacia de las intervenciones no farmacéuticas, con mejores resultados y menos fricciones, cuando se respeta la decisión autonómica de acatarlas de forma voluntaria. Así se evita el uso de la fuerza policial, se escoge el mejor tiempo para su aplicación, con la menor duración posible o lo estrictamente necesario. Favorecer la opción autonómica empodera a los ciudadanos y hace eficaz la instrumentación no farmacéutica de medidas de mitigación, pero requiere educación ciudadana y que se abandone el paternalismo de la acción médica por un profesionalismo activista, donde los valores del médico son la justicia social, el contrato social y el altruismo. El fracaso de la opción autonómica frente a los resultados devastadores de una pandemia, legalizan la obligatoriedad de medidas que limitan aún más las libertades y la vacunación.
El autor es médico pediatra y neonatólogo
