La política “pax narca” fue promulgada por los carteles mexicanos donde muchas autoridades locales les entregaban su ciudad a capos de un solo cartel para evitar la guerra entre bandas. El negocio es sencillo: dejen de matar o que desaparezcan los cadáveres de esos lugares para no sumar en las estadísticas del circuito con el subsecuente cruce de favores y el apoyo en campaña electoral reeleccionista.
Han sido muy triste en la última semana, los escenarios de terrorismo delincuencial sufrido en las universidades y televisoras de Guayaquil por la fuga de un líder de una banda ligada al narcotráfico y la “pax narca” con un ex mandatario. Debemos poner nuestras bardas en remojo: ¿Qué estamos haciendo en Panamá “para evitar el narcoconflicto interno” y ¿por qué los diputados no aprueban con celeridad la extinción de dominio para el dinero del narcotráfico como aprobaron la ley minera? ¿Por qué no se compra el software para bloquear las señales de telefonía celular en lugares específicos y que no pueden ser manipuladas desde la cárcel? ¿Será que las campañas electorales del barrio se gestionan desde las cárceles panameñas?
La concentración de plata produce concentración del poder. En Panamá, tristemente el dinero puede más que la expresión de la voluntad popular. La influencia excesiva del dinero es aún más perjudicial para la democracia cuando su origen es ilícito, pues permite que el crimen organizado y sus sicarios puedan gobernar y dictaminar las leyes que se deben o no aprobar por la nación panameña.
Las campañas electorales se han ido centrando más en el costo que representan y la competencia de los partidos para obtener más dinero. El dinero se vuelve decisivo en la agenda de campaña: se debate o promete solución de algunos temas, pero otros son silenciados como, por ejemplo: la ley de extinción de dominio para narcopolíticos, el software para bloquear señales en las cárceles o el rescate del IVM del Seguro Social.
El dinero del crimen organizado puede provenir de distintas actividades delictivas, por ejemplo: la explotación ilegal de piedra, la industria maderera ilegal, lotería clandestina, los busitos piratas, los gota a gota, la movilización de migrantes; y la que deja la mayor cuota de sangre en los barrios panameños para la búsqueda de votos: el narcotráfico.
La narcofinanciación de la política ocurre cuando los delegados del barrio terminan adoptando un “comportamiento de supervivencia económica” ante la demanda de recursos que genera el sistema democrático panameño y, las ganas de salir victoriosos en las urnas e igualmente de continuar en la carrera política para ostentar el poder de escoger las iniciativas de ley que deben aprobarse por el barrio. El poder de la droga añade más votos presidenciales que el poder económico de los empresarios que siempre se ganan las licitaciones públicas.
En Latinoamérica estos fenómenos se replican desde hace décadas: Pablo Escobar fue escogido para el Congreso colombiano en 1982 con aspiraciones a ser presidente, y las elecciones de 1994 en Colombia estuvieron marcadas por el escándalo de “los narcocasetes”.
El objetivo es claro: la aceptación de recursos a cambio de un favor no autorizado en el caso de la victoria de dicho candidato en las elecciones, contribuciones financiadas violando la ética pública y el gasto de recursos en propósitos prohibidos, como la compra de votos. La financiación ilegal conlleva a otros delitos como el lavado de activos, defraudación y evasión fiscal.
El crimen organizado espera a cambio impunidad, amnistía, leyes favorables y políticas que interesen a los delincuentes, tales como evitar a toda costa la colocación de inhibidores de señales de celular en las cárceles.
Si usted quiere saber si su candidato recibe dinero de las drogas, pregúntele si presentará alguna ley para la extinción del dominio. Vivimos en la Cleptocracia del Narcotráfico.
El autor es cirujano sub especialista
