Ser joven y trabajar en planificación urbana en Panamá requiere, además de formación técnica, una dosis considerable de resistencia y, reconozcámoslo, haber perdido la cabeza. La realidad que experimentamos diariamente miles de panameños refleja las consecuencias de décadas de desarrollo urbano fragmentado. Esos recorridos de la casa al trabajo no son solo estadísticas de movilidad: son familias separadas por el tiempo, padres y madres que apenas comparten momentos significativos con sus hijos, personas cansadas y solitarias que sostienen la actividad económica del país. Todo esto mientras falta agua potable en muchos hogares y padecemos el calor más intenso de nuestra historia.
Trabajar en planificación urbana desde esta realidad es complejo, sobre todo cuando se busca el beneficio colectivo. Desde los gobiernos locales los presupuestos nunca alcanzan para las transformaciones que la ciudad necesita, y a menudo deben elegir entre ser visibles —proyectos mediáticos— o atender comunidades abandonadas que no manejan redes sociales ni generan titulares. Estudiar y planificar el territorio no resulta tan “rentable” políticamente como construir un parque. Y aunque los parques son necesarios, no transforman integralmente el territorio si las necesidades básicas no están cubiertas. Además falta un marco legal adecuado para planificar efectivamente; existen normas dirigidas a sectores específicos pero no a todos los ciudadanos. El mayor problema no es la falta de planificación, sino el limitado entendimiento de qué significa planificar. La planificación urbana es política y no hay espacios neutros para ejercerla.
Este contexto implica constantes contradicciones. Se promueven consultas ciudadanas mientras muchas decisiones ya están tomadas. Se hacen talleres participativos sabiendo que los presupuestos apenas cubren una fracción de las necesidades identificadas. Se desarrollan planes maestros participativos que luego chocan con normativas obsoletas o intereses económicos poderosos. Esta tensión entre lo que la ciudad necesita y lo que el sistema político-económico permite nos obliga a repensar la planificación. ¿Somos facilitadores de transformación genuina o legitimadores de decisiones ya tomadas? ¿Cómo mantener la esperanza en la planificación participativa cuando los resultados tangibles tardan años?
Es necesario construir espacios de honestidad profesional. Reconocer que las herramientas técnicas, por sofisticadas, no sustituyen la necesidad de justicia social y redistribución del poder en las ciudades. Aceptar que la planificación participativa real implica ceder control, compartir decisiones y, a veces, descubrir que las propuestas técnicas no son las más adecuadas para las comunidades que las habitarán. Implica reconocer que trabajar desde la institucionalidad tiene limitaciones, pero también oportunidades: abrir grietas en el sistema, crear precedentes y documentar experiencias exitosas que inspiren políticas futuras. Podemos usar nuestros espacios institucionales para amplificar voces excluidas de las decisiones urbanas.
Nuestra generación de planificadores tiene la responsabilidad de documentar fracasos y aciertos de las políticas urbanas actuales. De construir metodologías que integren el conocimiento técnico con la sabiduría popular. De formar a próximas generaciones con una comprensión más profunda de las dimensiones políticas, sociales y ambientales del trabajo territorial. También tenemos la responsabilidad de cuidarnos. La planificación comprometida con la justicia social puede ser emocionalmente agotadora, sobre todo en contextos con recursos limitados y problemas estructurales profundos.
Quienes trabajamos en planificación urbana enfrentamos a diario la tensión entre la urgencia de las necesidades ciudadanas y los tiempos institucionales, entre expectativas comunitarias y recursos disponibles, entre convicciones profesionales y presiones políticas. Esta tensión no es un problema a resolver sino una característica inherente del trabajo territorial comprometido. Habitarla constructivamente, sin perder la capacidad crítica ni la propositiva, es una habilidad profesional fundamental. Implica desarrollar estrategias para mantener la esperanza sin caer en optimismo ingenuo, ser realistas sobre las limitaciones sin volverse cínicos sobre las posibilidades de transformación.
Los retos que enfrentamos no son solo técnicos. Son retos políticos que requieren redistribuir poder, recursos y oportunidades. Son retos culturales que implican transformar cómo entendemos la ciudadanía, los derechos urbanos y la responsabilidad colectiva. Son retos ambientales que obligan a repensar radicalmente la forma de habitar el territorio frente al cambio climático. Como planificadores no podemos resolverlos solos, pero sí contribuir a crear condiciones para que las soluciones emerjan desde procesos colectivos, democráticos y comprometidos con la justicia social. Cada diagnóstico participativo, taller comunitario y plan co-construido es una semilla para las transformaciones que nuestras ciudades necesitan. La ciudad justa que soñamos no llegará por un plan maestro perfecto diseñado por expertos, sino por miles de procesos participativos donde habitantes, técnicos, autoridades y actores sociales participen activamente. ¿Lo bueno? Estos procesos se están dando porque unos cuantos —unos locos— trabajamos para que así sea.
La autora es doctora en Geografía Urbana e investigadora del CIEPS.
