Es indiscutible que la distribución de cierta información -y, más aún, la desinformación deliberada- puede dañar, dividir e incitar a las divisiones en la sociedad panameña. Son necesarios algunos límites. Sin embargo, la prontitud con la que ahora se denuncia, combate y suprime la información perjudicial también debería incitar a la reflexión. En una sociedad libre, las definiciones de información perjudicial y desinformación no deben ser competencia exclusiva de los gobiernos o de las empresas. Lo esencial es que la política de comunicación del Estado panameño debe promover y respetar la libertad de expresión.
Los resultados electorales del pasado 5 de mayo fueron en gran parte responsabilidad por el mal manejo de la comunicación estatal del lustro pasado, que fue monotemática, excluyente e intentó imponer un relato único acerca de los asuntos públicos en Panamá. Al inicio se benefició de la pandemia y de que “estábamos en una guerra”, en donde todo aquel que preguntara o cuestionara las tácticas empleadas sería considerado traidor.
Ocasionalmente, el caudillo de la colmena, intentaba con “sombrero a la pedrada” imponer los intereses del partido gobernante sin los cuestionamientos del periodismo panameño. Ese discurso segmentaba a la sociedad panameña entre los beneficiarios de auxilios económicos y los malos, pueblo y la élite del partido gobernante.
Debemos volver a una política comunicacional diferente, a cargo del Estado, y no para un individuo ni un gobierno, se tiene que reconocer y atender los derechos de la sociedad a contar con información completa, oportuna, accesible y que reconozca la diversidad de puntos de vista que hay entre los ciudadanos. Nos deben informar y rendir cuentas, promover la deliberación pública, que es uno de los pilares de la democracia. Se necesita que los medios públicos y todos los recursos comunicacionales del Estado sean instrumentos de información e intercambio para y de la sociedad.
¿Con qué medidas debemos empezar? La transparencia en la información oficial debe ser absoluta, con rendición de cuentas de cada ministerio o entidad autónoma de manera on-line, que ofrezca datos completos de cada balboa que se gasta y cada contrato que se asigna.
Solamente asignar publicidad oficial para respaldar publicaciones y medios que se distingan por hacer periodismo de investigación o que se especialicen en la difusión de la cultura. Una ley que establezca el presupuesto anual para la publicidad oficial del gobierno que sería asignado por representantes de periodistas, instituciones académicas y agrupaciones ciudadanas interesadas en la comunicación.
Se necesita un gobierno que respete y auspicie la independencia editorial, la autonomía de gestión, la participación ciudadana y transparencia de los medios públicos con la adecuada asignación del presupuesto suficiente para transmitir y producir contenidos de mayor calidad. Se debe tener defensores de audiencias seleccionados por concurso.
Se debe asignar recurso público a grupos profesionales e independientes de la sociedad que cumplan la tarea de verificar la información periodística de las «fake news». Esos grupos de verificación estarán en contacto con las empresas que mantienen plataformas digitales para que las noticias falsas sean retiradas con la mayor brevedad.
Se debe incentivar y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y la seguridad social de los periodistas.
De la sociedad depende la manera de articular y mantener una comunicación pública de y para la democracia. Solamente con ciudadanos dispuestos a exigirles profesionalismo, calidad y rigor informativo a los medios, se puede aspirar a una comunicación de esa índole. El Estado panameño debe reconocer la diversidad y los derechos de la sociedad.
El autor es cirujano sub especialista.
