Un fenómeno que ha sido impulsado por la desinformación en los últimos años y que ha cobrado verdadero impulso con el gobierno de Trump y su política migratoria es la “criminalización de la migración”. Este fenómeno no se inventó con Trump, pero el hecho de usar la migración como excusa política y populista para ganar elecciones y encuestas no es nuevo. Un ejemplo de esto en la actualidad son los nuevos gobiernos y grupos políticos de extrema derecha en Europa, que poco a poco han ido ganando cada vez más espacio político, utilizando a los migrantes como enemigos a combatir para obtener votos y ser tendencia en las redes sociales. Buscan lo popular pero no lo correcto.
La reciente política migratoria estadounidense ha introducido el concepto de “crimigración”. Este término se refiere a la integración del derecho penal con el derecho de inmigración, tratando ambas disciplinas como una sola. En este contexto, diversas instituciones del orden público están autorizadas para detener a cualquier persona debido a su estatus migratorio irregular, independientemente de si son agentes o policías de inmigración. Esta práctica ha contribuido a asociar la inmigración con la comisión de delitos, cuando en realidad debería ser considerada una falta administrativa. Además, esto ha incrementado la percepción social errónea de que todos los migrantes son delincuentes que vienen a cometer ilícitos en el país, junto con otros malentendidos, tales como que los migrantes vienen a quitar empleos y a abusar de subvenciones y del Sueño Americano.
Un aspecto crucial es que el fenómeno de la crimigración comienza con los migrantes en situación irregular y posteriormente se extiende a aquellos con estatus migratorio regular. Infracciones o sanciones administrativas que no constituyen delitos penales pueden resultar en la deportación de residentes permanentes que han ingresado y residen legalmente en el país. Posteriormente, se extiende a los hijos de migrantes de primera generación con la finalidad de quitarles sus derechos adquiridos por nacimiento. Un ejemplo de esto son las intenciones de quitar la nacionalidad estadounidense a los nacidos en los Estados Unidos de padres extranjeros.
La convergencia entre la ley penal y la ley migratoria respecto a la migración no ocurre por casualidad. Está estrechamente relacionada con las fluctuaciones económicas. En momentos de inflación y aumento del desempleo, la percepción hacia la inmigración se torna negativa; en cambio, cuando la economía mejora, el sentimiento hacia los migrantes se vuelve más hospitalario.
Debemos partir del principio de que ninguna persona es ilegal debido a su condición de migrante. Lo que existe son migrantes en situación de irregularidad. La migración irregular puede ser entendida como el desplazamiento de personas que cruzan las fronteras internacionales sin cumplir con los requisitos administrativos o formales de inmigración del país al que ingresan. La migración irregular puede suceder por diversas razones, como la búsqueda de mejores condiciones de vida, oportunidades económicas o educativas, la huida de conflictos armados o políticos, inseguridad, falta de desarrollo personal, o debido a amenazas a su vida y violaciones de derechos humanos en su país de origen.
El término correcto es migrante irregular, como referencia a la situación administrativa en que se encuentra una persona. Es necesario reconocer que, en su mayoría, los migrantes irregulares carecen de la documentación adecuada o incumplen los procedimientos establecidos por diversas razones. Esto se traduce en que deben enfrentar numerosos desafíos y riesgos tanto para su seguridad personal como para sus derechos. Frecuentemente, estas personas no poseen ningún estatus jurídico formal, lo cual puede resultar en la imposibilidad de acceder al empleo y a servicios básicos durante largos períodos.
La migración, al ser un derecho humano fundamental, requiere el uso correcto de los términos adecuados para describir a las personas migrantes. Esto es crucial, ya que influye en la comprensión y percepción del fenómeno migratorio por parte de la sociedad. El llamar a una persona “inmigrante ilegal” deshumaniza a las personas, dejando a un lado su dignidad y haciéndola más vulnerable ante su situación administrativa. También este concepto aumenta los prejuicios y estigmas en contra de los migrantes, con la finalidad de que sean vistos como una amenaza y generen miedo y ansiedad en la sociedad, haciendo que las demás personas pierdan la comprensión y empatía hacia estos. El uso repetitivo de llamar a alguien “inmigrante ilegal” consolida los falsos estereotipos sobre los migrantes, distorsionando la opinión pública y dejando a un lado las contribuciones positivas de los migrantes a la sociedad.
Denominar a una persona migrante como ilegal es considerado un trato denigrante. Debemos recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 2, establece que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Asimismo, en su artículo 3 se estipula que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, y en el artículo 5 se menciona que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Más que nunca debemos tener en cuenta el concepto de “aporofobia” de Adela Cortina, que no se rechaza al extranjero por ser inmigrante, se le rechaza al extranjero por ser pobre.
El respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes son herramientas clave para una gestión eficaz de las fronteras. Es importante considerar que las políticas de criminalización de la migración implican elevados costos económicos y sociales. Los recursos utilizados para la detención y deportación de migrantes podrían ser invertidos en programas de integración, empleo y apoyo tanto para los migrantes como para la comunidad en general. Las políticas de criminalización no siempre disuaden la migración irregular. Las personas migran por situaciones desesperadas como el temor por su vida, persecución o extrema necesidad económica. Estas políticas empujan a los migrantes a rutas peligrosas y a ser víctimas del tráfico y trata de personas.
El autor es abogado, profesor y doctor en Derecho.
