El Departamento de Estado publicó un video de cinco minutos sobre la Doctrina Monroe. Lo narra Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá. La pieza cierra con palabras del presidente Donald Trump: bajo la nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado. La palabra escogida es “dominio”, y la pronuncia el gobierno acreditado ante un país que dedicó tres cuartos de siglo a recuperar su propio territorio.
¿Qué dijo Monroe en 1823? Tres párrafos de un mensaje anual al Congreso. Que el continente americano ya no estaría abierto a la colonización europea. Que cualquier intento de una potencia europea de extender su sistema al hemisferio sería considerado un acto inamistoso. Y que Estados Unidos, a cambio, se abstendría de intervenir en los asuntos internos de Europa y en las colonias europeas ya establecidas en América. Era la declaración unilateral de un país que carecía entonces de la marina para sostenerla y que dependió durante décadas de la flota británica.
La reacción latinoamericana está ausente del video. En julio de 1824, Colombia, alarmada por rumores de interferencia francesa, solicitó un tratado de alianza que convirtiera aquella advertencia en un compromiso recíproco. John Quincy Adams respondió que el presidente y el Congreso tomarían las medidas necesarias si surgía una crisis, y que no habría alianza. Las repúblicas americanas pidieron que la doctrina obligara a ambas partes y Washington se negó. Desde su origen fue una política estadounidense sobre América Latina, formulada sin consultar a la región y sin obligación jurídica hacia ella.
El video admite más de lo que probablemente pretende. Reconoce que en 1895 el secretario de Estado Richard Olney declaró a Estados Unidos “prácticamente soberano” en el continente y exigió que Gran Bretaña aceptara el arbitraje estadounidense. Reconoce que Theodore Roosevelt transformó el escudo en mandato tras el bloqueo europeo a las costas venezolanas en 1902. Habiendo identificado con precisión el momento de la ruptura, la narración la presenta enseguida como continuidad, como si Olney y Roosevelt hubieran revelado el sentido latente de 1823 cuando en realidad lo sustituyeron por otro.
El tratamiento de 1903 merece atención particular en Panamá. El video afirma que Estados Unidos respaldó la independencia panameña y aseguró un acuerdo para construir y operar el canal. Ese acuerdo fue el Tratado Hay-Bunau-Varilla, firmado el 18 de noviembre de 1903 por el secretario de Estado John Hay y por Philippe Bunau-Varilla, ciudadano francés e inversionista de la quebrada compañía canalera, nombrado ministro plenipotenciario de una república con quince días de existencia. Ningún panameño firmó el documento. Su artículo III concedía a Estados Unidos, a perpetuidad, todos los derechos que poseería y ejercería “si fuera el soberano del territorio”, con exclusión total del ejercicio de tales derechos por parte de la República de Panamá.
Los panameños dedicaron los siguientes setenta y cinco años a desmontar esa cláusula. Enero de 1964 no aparece en el video. Los tratados Torrijos-Carter tampoco. La transferencia del canal en 1999 queda fuera de una narración que, sin embargo, describe la vía interoceánica como prueba del liderazgo perdurable de Estados Unidos en la región.
La omisión más reveladora es diciembre de 1989. La invasión terminó con la captura del general Manuel Antonio Noriega y su procesamiento por narcotráfico ante una corte federal en Miami. La Asamblea General de las Naciones Unidas la condenó por 75 votos contra 20 como una flagrante violación del derecho internacional. Es el único precedente que corresponde con exactitud a lo que el video celebra al final: la Operación Absolute Resolve y el traslado de Nicolás Maduro a Nueva York en enero de este año. El guion salta de Reagan y Nicaragua directamente a 2026.
Esa omisión tiene su lógica. Incluir 1989 obligaría a sostener una comparación incómoda. En Panamá, Estados Unidos colocó en el poder a quienes habían ganado las elecciones del 7 de mayo de ese año. Guillermo Endara fue juramentado durante la invasión. Sobre esa base, con todas las objeciones que merece el método, Panamá construyó un sistema democrático que lleva más de tres décadas con alternancia efectiva y elecciones competitivas.
Venezuela va por otro camino. Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez, su propia vicepresidenta y cuadro del chavismo durante dos décadas, fue instalada como presidenta interina. El diálogo de transición iniciado el 1 de agosto excluyó a María Corina Machado, cuya coalición sostiene, con base en las actas, que Edmundo González ganó la elección de 2024 por más de tres millones de votos. Washington administra en Caracas un autoritarismo sostenido por los mismos cuadros que la operación decía desalojar. Ese es el contenido práctico del Corolario Trump que la Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre de 2025 proclamó como restauración de la Doctrina Monroe.
Para Panamá, nada de esto constituye un debate historiográfico. En abril de 2025, el Ministerio de Seguridad Pública firmó con el Departamento de Defensa un memorando de entendimiento que autoriza la presencia militar estadounidense rotativa en áreas adyacentes al canal. El gobierno de José Raúl Mulino sostuvo que el acuerdo no cede soberanía. Washington eliminó de la versión en inglés del comunicado conjunto la frase que reconocía la soberanía inalienable de Panamá sobre la vía, y la Cancillería tuvo que pedir su restitución.
La pieza recupera el lenguaje de Olney y Roosevelt, el de una potencia que se atribuye la facultad de determinar cuándo un vecino ha caído en el desorden y qué corresponde hacer al respecto. Bajo ese criterio, la soberanía de cada país del hemisferio queda condicionada al juicio de Washington sobre quién constituye una amenaza. Panamá conoce el contenido práctico de esa doctrina mejor que ningún otro país de la región. Para el resto del hemisferio está en juego la capacidad de gobernarse sin depender de la benevolencia ajena, que es aquello que sus instituciones democráticas fueron construidas para garantizar.
Orlando J. Pérez es profesor de Ciencia Política en la Universidad del Norte de Texas en Dallas.
