En una era dominada por la inteligencia artificial, la economía digital y el acceso inmediato a contenidos desde cualquier rincón del planeta, el sistema tradicional de propiedad intelectual (PI) está en el centro de un debate urgente. ¿Sigue siendo útil tal como está? ¿O necesita una reforma profunda para responder a los desafíos y oportunidades del siglo XXI?
Panamá no está al margen de esta discusión. Aunque contamos con una legislación sobre propiedad intelectual vigente desde hace casi tres décadas, los cambios tecnológicos, económicos y culturales exigen actualizar no solo las normas, sino también nuestra manera de concebir la PI como una herramienta de desarrollo.
Porque, en el fondo, la pregunta clave es: ¿para qué queremos un sistema de propiedad intelectual en Panamá?
Durante mucho tiempo, la PI se ha entendido simplemente como un mecanismo para proteger a creadores, inventores y marcas frente a copias o usos no autorizados. Esa función sigue siendo necesaria, pero hoy resulta evidente que el enfoque debe ampliarse.
Lo que necesitamos es una propiedad intelectual útil, estratégica y adaptada a nuestra realidad. Un sistema que no solo defienda derechos y estimule la creatividad, sino que contribuya a convertir ideas en valor, cultura en desarrollo local, ciencia en soluciones y conocimientos tradicionales en activos reconocidos y protegidos.
En Panamá hay talento, creatividad y conocimiento ancestral, pero gran parte de ese capital intangible no se protege ni se aprovecha. Las universidades registran pocas patentes. Las comunidades que producen café, cacao o textiles únicos aún no cuentan con denominaciones de origen consolidadas. Las industrias creativas crecen, pero sin un marco que garantice condiciones justas para los creadores y acceso equitativo para los usuarios.
Actualizar la Ley de Propiedad Intelectual es necesario. La normativa vigente debe modernizarse para responder a desafíos actuales como la piratería digital, la inteligencia artificial, el acceso abierto al conocimiento y la protección de saberes tradicionales. También debe facilitar los trámites, acortar plazos y reducir costos, para que más personas y empresas puedan utilizar el sistema.
Pero la reforma legal solo será efectiva si va acompañada de un conjunto de políticas públicas articuladas.
Necesitamos una estrategia nacional de propiedad intelectual que vincule esta materia con la educación, la innovación, la cultura, el comercio, la agricultura, la digitalización y el desarrollo rural. Es decir, un enfoque multisectorial y coordinado.
Debemos formar a creadores, científicos y emprendedores en el uso estratégico de la PI. Apoyar a las universidades en la transferencia de tecnología. Financiar la protección de marcas y diseños de productos panameños con identidad territorial. Garantizar la participación de los pueblos originarios en la protección de sus conocimientos. Promover licencias abiertas y el acceso a datos y publicaciones financiadas con fondos públicos.
Esta no es una discusión técnica. Es una conversación sobre cómo queremos construir nuestro futuro productivo, cultural y científico. Panamá tiene la oportunidad de no quedar atrapado en modelos heredados del siglo XX y de proponer un sistema de propiedad intelectual adaptado a su contexto, que respete los compromisos internacionales pero también refleje las prioridades nacionales.
Podemos liderar una nueva generación de políticas de PI: más inclusivas, más justas, más útiles. Un sistema que defienda a los creadores, pero que también abra oportunidades para innovar, aprender y compartir.
La propiedad intelectual no está muerta. Pero necesita evolucionar. Y Panamá puede ser ejemplo de cómo hacerlo con visión de desarrollo.
El autor es asesor en políticas de innovación de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).
