En las últimas semanas, Panamá ha sido escenario de intensas protestas, entre ellas un paro docente indefinido en rechazo a la reforma del sistema de pensiones. Las protestas, como instrumento de presión social, son legítimas y necesarias en toda democracia. Sin embargo, cuando paralizan el derecho a la educación de miles de niños y jóvenes, el costo que asumimos como país es mucho mayor de lo que parece.
Desde 2020, los estudiantes panameños han enfrentado interrupciones constantes en su educación: primero por la pandemia, luego por huelgas y protestas como las de 2023. En los últimos cinco años, solo el calendario escolar de 2024 se desarrolló con regularidad. Actualmente, en 2025, los estudiantes del sistema oficial vuelven a perder semanas de clases debido al paro docente, lo que agrava aún más las brechas de aprendizaje y retrasa el desarrollo de competencias clave para su futuro.
Este patrón de interrupciones no es un problema menor ni coyuntural. La educación es un pilar fundamental del desarrollo económico sostenible, y su debilitamiento continuo compromete las capacidades estructurales del país. Panamá enfrenta desafíos importantes en este ámbito: invierte un porcentaje relativamente bajo en educación en comparación con otras naciones, situándose en el puesto 143 de 192 en inversión anual (según Relación entre el gasto público en educación y los resultados de aprendizaje en Panamá, Bloise, 2024). Además, solo el 20% de los jóvenes alcanza un título de educación terciaria, y muchas de las carreras ofrecidas requieren una actualización urgente para alinearse con las demandas del mercado laboral.
Las consecuencias son claras: las deficiencias del sistema educativo tienen un impacto directo sobre el desarrollo económico. Según el Informe sobre pobreza y equidad 2024 del Banco Mundial, el Índice de Capital Humano de Panamá se ha mantenido estancado en la última década. Esto implica que la productividad de las futuras generaciones podría alcanzar apenas la mitad de su potencial, lo que representaría una pérdida significativa de ingresos y oportunidades de crecimiento en el mediano y largo plazo.
En contraste, los países que han priorizado la educación como eje de su estrategia de desarrollo han logrado avances notables. Una educación de calidad no solo eleva la productividad individual, sino que también facilita la atracción de empresas internacionales, el desarrollo de industrias tecnológicas y la creación de empleos con mayor valor agregado. Panamá tiene el potencial de posicionarse como un hub de innovación y servicios avanzados, pero para lograrlo necesita una fuerza laboral capacitada, adaptable y bien formada desde las aulas.
Más allá de los derechos laborales y las disputas políticas, debemos tener claro que interrumpir el calendario escolar no solo afecta el presente de los estudiantes, sino también la capacidad del país para construir un futuro competitivo. Mientras otras naciones invierten con urgencia en ciencia, tecnología e innovación, Panamá continúa sacrificando el aprendizaje por conflictos que podrían y deberían resolverse por otras vías.
La protesta cumple una función esencial en la democracia, pero el desarrollo exige visión de país. Si aspiramos a una economía más dinámica, resiliente y preparada, necesitamos una educación estable, moderna y orientada al futuro. No se trata solo de formar alumnos: se trata de formar el Panamá que vendrá.
El autor es economista y miembro de Fundación Libertad.
