En los últimos meses hemos visto reiteradas noticias en medios de comunicación referente a la deficiencia en el servicio de agua potable en varias comunidades de nuestro país y como siempre se apunta con un dedo acusador al prestador del servicio más grande: el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).
Y es que muchos desconocen que en Panamá existen actualmente 49 licenciatarios que prestan el servicio de agua potable, de los cuales tres son prestadores de producción que son regulados por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). Existen más de 3,580 juntas administradoras de acueductos rurales (JAAR), constituidas, asesoradas y reguladas por el Ministerio de Salud (Minsa) mediante el decreto ejecutivo n° 1839 del 2014.
El último censo realizado en 2023 definirá cual es la cobertura actual de la población con agua para consumo humano; pero antes de este censo el Idaan era responsable del 71% de esta población, los licenciatarios cubrían un 3% y las JAAR un 26%.
En el artículo 66 de la Ley 77 de 2021 que reorganiza y moderniza al Idaan y dicta otras disposiciones, establece cómo se otorgan las licencias a prestadores privados; pero en la misma ley se establece en el artículo 61 que los acueductos rurales son responsabilidad del Minsa. Para los efectos de esta ley, se consideran comunidades rurales aquellas con menos de 1,500 habitantes, población dispersa y sin servicio de alcantarillado sanitario. El subrayado es nuestro.
Cabe destacar que el concepto de población dispersa se encuentra claramente definido en el Decreto Ejecutivo N°1839 del 2014. Actualmente, más del 80% de los sistemas de acueductos que administra el Idaan son comunidades de menos de 1,500 habitantes y declarados ante la Asep como su responsabilidad, por lo cual, son clientes regulados y su cobertura de servicios en algunas regiones es más del 100% en función de lo que la ley le estable.
Ahora, yo les pregunto, por qué el Idaan es responsable de prestar un servicio a comunidades que nacen a través de asentamientos espontáneos o las llamadas invasiones, que no cuentan con sistemas de acueductos planificados y debidamente construidos y que deben ser atendidas por carros cisternas y lo que es peor, estos usuarios cierran las calles y no son clientes del Idaan en su gran mayoría. Situación que nadie sale a explicar y no es investigada por los medios de comunicación en ocasiones.
Todo lo anterior se percibe lógicamente como un servicio deficiente por parte del Idaan que ha cargado con esta responsabilidad por más de 30 años, cuando el Estado panameño debe ser consciente que un ente público no puede ir más allá de lo que la ley le permite.
¿Podría un director ejecutivo y la junta directiva del Idaan tomar esta posición radical ante lo que la ley le establece desde 2001? ¿Quién asumirá esta responsabilidad? ¿El Estado?
Imagínense que el Idaan fuese un prestador privado y no público, ¿creen que asumiría este tipo de servicio? Pues, creo que no lo haría.
El Estado panameño debe ser consciente que aún cuando los fondos destinados para el servicio de carros cisternas vengan del gobierno central y sea considerado un subsidio que muchos de los panameños pagamos con nuestros impuestos, (siendo este el servicio más costoso $18.5 el millar de galones entregado), éste seguirá siendo un negocio atractivo para muchos empresarios.
Consideramos que un prestador del servicio ya sea público o privado debe enfocarse en la operación y mantenimiento de sus acueductos y la comercialización del servicio con la calidad que sus clientes y el regulador le exige.
Urge tomar decisiones al respecto, ya que a diario son manifestadas las inconformidades de estas comunidades inclusive por el mal servicio de los carros cisternas. Se debe analizar si estas comunidades las continuará atendiendo el Idaan o podrían ser atendidas por otros estamentos del Estado en una primera instancia hasta tanto se cumpla con la normativa de construcción de acueductos, creando posiblemente empresas públicas de servicios en áreas dispersas de las ciudades o en su defecto empresas municipales creadas para este fin, ya que al final seguirá siendo un subsidio del Estado a esta parte de la población.
Es lamentable que en nuestro país el agua potable sea vista como una “bandera política” cada vez que se acercan las elecciones de nuevos gobernantes y todo lo planificado y prometido en los planes de gobiernos en materia de servicio público no se cumpla por una débil gobernanza del subsector, dados los vacíos de las leyes y normas actuales, además de la falta de reglamentaciones a estos temas a la hora de aplicarse.
Debemos ampliar nuestra visión más allá de lo que el Idaan puede o “le exigen hacer”, aún cuando no está obligado por ley. Por otro lado, el Idaan no debe seguir siendo juez y parte, ya que es un prestador.
Nuestra población crece y demanda una cobertura efectiva del servicio a los clientes regulados.
La transformación del Idaan debe ir encaminada no solo a ser eficiente, lo cual dependerá de otros aspectos que han sido diagnosticados y empezado a verse, sino también a la aplicación de una tarifa adecuada que cubra al menos lo que cuesta producir y distribuir el agua potable en su área de cobertura, enfocado en lo que la ley le exige.
El autor es consultor sanitario y ambiental.
