La reciente reforma al Fondo de Calidad y Equidad de la Educación (FECE), implementada mediante el Decreto Ejecutivo N.° 144 del 4 de diciembre de 2024, representa un retroceso significativo en la búsqueda de equidad educativa en Panamá. Esta modificación al Decreto Ejecutivo N.° 1280 de 2019 no solo socava los avances logrados en la distribución equitativa de recursos, sino que también amenaza el futuro educativo de las comunidades más vulnerables del país.
La reforma de 2019 reconocía la necesidad de asignar mayores recursos a las escuelas ubicadas en los 300 corregimientos más pobres del país, destinando B/. 150.00 por estudiante. En contraste, la nueva reforma reduce drásticamente esta asignación a B/. 60.00 por estudiante en contextos marcados por la desigualdad, ignorando las profundas brechas socioeconómicas que persisten en el sistema educativo.
Para dimensionar el impacto de este cambio, tomemos el caso de una escuela en Gualaca, Chiriquí, con 150 estudiantes. Bajo el decreto de 2019, esta institución recibía B/. 22,500.00 anuales. Con la reforma actual, los recursos se reducirán a apenas B/. 9,000.00, una disminución que dificultará cubrir necesidades esenciales como alimentación en comedores escolares, mantenimiento de baños y reparación de infraestructura deteriorada. Esta situación afectará directamente la calidad de vida de los estudiantes, sus oportunidades de aprendizaje y la capacidad de la escuela para retener a sus alumnos.
La correlación entre las condiciones del centro educativo y la capacidad de retención estudiantil es evidente. Escuelas sin servicios básicos no incentivan la asistencia, especialmente en comunidades empobrecidas.
El panorama es alarmante al considerar los datos de Unicef: uno de cada seis niños menores de cinco años en Panamá sufre desnutrición crónica, una cifra que se multiplica por 2.5 en las comarcas indígenas. En estas regiones, el 23% de los niños carece de agua potable y el 17% no dispone de saneamiento adecuado. Según la Defensoría del Pueblo, el 91% de las escuelas del país presentan infraestructura inadecuada y carecen de servicios básicos.
El proceso de descentralización educativa, establecido en la Ley 50 de 2002, y el Sistema Integral de Mejoramiento de la Calidad de la Educación (Simece) fueron diseñados como pilares para fortalecer la gestión educativa local. El Simece establece estándares en áreas pedagógicas, administrativas y financieras para garantizar una gestión eficiente. Sin embargo, su implementación ha sido deficiente, con directores enfrentando una burocracia excesiva y direcciones regionales sin personal técnico suficiente para atender las necesidades de las escuelas.
La desigualdad en la asignación de recursos se hace evidente al comparar centros educativos urbanos y rurales. Una escuela en la ciudad de Panamá con 1,500 estudiantes recibirá B/. 90,000.00 anuales, mientras que una escuela en una comarca con 150 estudiantes deberá subsistir con una décima parte, perpetuando el ciclo de desigualdad.
Esta reforma contradice el artículo 18 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, que establece que la administración del sistema educativo debe responder a una política de Estado basada en diagnósticos de la realidad y orientada a garantizar la transformación integral del sistema educativo con calidad, pertinencia y equidad.
Es urgente que las autoridades educativas reconsideren esta reforma. La reducción del FECE compromete servicios básicos como alimentación, infraestructura segura y mantenimiento en las escuelas más vulnerables del país.
La equidad educativa no se logra tratando a todas las escuelas por igual, sino asignando más recursos a quienes más los necesitan. El Ministerio de Educación debe revertir esta medida y establecer un sistema de financiamiento que verdaderamente promueva la equidad educativa en Panamá.
El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación.
