Panamá atraviesa un momento en el que la discusión sobre la estructura del Estado ya no puede seguir postergándose. Con una población que ronda los cuatro millones y medio de habitantes, el país sostiene una Asamblea Nacional integrada por 71 diputados, una cifra que no guarda proporción con la escala demográfica ni con las necesidades reales de representación. El costo anual de mantener esta estructura legislativa supera los 120 millones de balboas, considerando salarios, planillas permanentes y transitorias, asesores externos, vehículos oficiales, combustible, viáticos, gastos de representación y toda la maquinaria administrativa que se ha ido acumulando alrededor de una institución cuya función constitucional es, esencialmente, legislar, fiscalizar y representar.
La desproporción se vuelve evidente cuando se observa el contexto internacional. Estados Unidos, con más de 330 millones de habitantes, opera con 435 representantes en su Cámara Baja. India, con más de 1,400 millones de habitantes, tiene 543 escaños en la Lok Sabha. Colombia, con más de 50 millones de habitantes, funciona con 188 congresistas entre Senado y Cámara. Si Panamá aplicara una proporción equivalente a la de cualquiera de estos países, su Asamblea debería situarse entre 30 y 50 diputados, no 71. La estructura actual es objetivamente más grande de lo que la escala territorial y poblacional requiere, y su costo es desproporcionado frente a la capacidad fiscal del Estado.
La Asamblea Nacional se ha convertido en una institución desprestigiada, percibida por amplios sectores de la ciudadanía como un aparato burocrático enquistado, con prácticas clientelares y estructuras paralelas que reproducen gastos sin relación con la productividad legislativa. La proliferación de planillas, asesores, oficinas, vehículos y beneficios ha creado un ecosistema que no responde a la eficiencia ni a la austeridad que exige el país. La función constitucional de los diputados es crear leyes, pero la Asamblea ha evolucionado hacia un organismo administrativo que consume recursos sin que exista una correlación clara entre su tamaño y la calidad de su producción legislativa.
Frente a este escenario, la propuesta de reducir la Asamblea a 50 diputados mediante una reforma constitucional impulsada por una Asamblea Constituyente adquiere una lógica evidente. Eliminar 21 escaños permitiría disminuir el gasto público anual en varios millones, simplificar la estructura legislativa, mejorar la eficiencia del debate parlamentario, reducir la duplicación de comisiones y oficinas, limitar la proliferación de planillas y asesores y aumentar la transparencia y la fiscalización ciudadana. Panamá puede funcionar perfectamente con una Asamblea de 50 diputados; su escala demográfica, su territorio y su densidad institucional lo permiten sin afectar la representatividad democrática.
La necesidad de esta reforma no es meramente administrativa. La Asamblea Nacional ha acumulado un nivel de desprestigio que no se resuelve con ajustes menores. La percepción ciudadana es clara: se ha convertido en una institución que no responde a los intereses del país, sino a dinámicas internas de poder, clientelismo y gasto excesivo. Una Constituyente permitiría redefinir el tamaño y las funciones de la Asamblea, establecer límites estrictos a las planillas y asesores, prohibir estructuras paralelas de gasto, reordenar la representación territorial y modernizar el sistema legislativo. La reducción del número de diputados no es un capricho político, sino una necesidad estructural para garantizar sostenibilidad fiscal, eficiencia institucional y legitimidad democrática.
Panamá necesita una Asamblea más pequeña, más eficiente y más responsable. Con una población de apenas cuatro millones y medio de habitantes, mantener 71 diputados es un exceso que el país ya no puede justificar. La vía constituyente ofrece la oportunidad histórica de corregir esta distorsión y construir un órgano legislativo moderno, austero y funcional.
Reducir la Asamblea a 50 diputados es una reforma razonable, viable y urgente. Es el primer paso para reconstruir la confianza en las instituciones y garantizar que el Estado panameño funcione con la eficiencia que la ciudadanía merece.
El autor es abogado.
