La naturaleza es maravillosa. A pesar de todas nuestras estupideces, no deja de darnos lecciones. Un ejemplo hermoso es el de los manglares de La Ensenada de San Carlos, que han rebrotado una y otra vez desde que, en 1995, se inició el malicioso proceso de acabar con ellos.
La historia es muy curiosa, porque la destrucción del manglar se inició mucho antes de que esa área fuera titulada y vendida, según quedó registrado en un sinnúmero de diligencias que los vecinos del área hicieron para impedirlo. Si MiAmbiente no ha tirado los expedientes del antiguo Inrenare a la basura, allí estarán las pruebas de esta primera infamia.
Más tarde, los mismos vecinos que luchaban para proteger el humedal intentaron evitar su venta. Sus gestiones provocaron inspecciones e informes de la Autoridad Marítima de Panamá, que determinaron “la existencia de brotes y nacimientos de árboles de mangle blanco, rojo y achaparrado”. Igualmente, certificaron que “el área estaba anegada con agua salada producto de la entrada de las mareas”. Por todo ello, la institución pedía que se declarara “zona de preservación y que se negara cualquier solicitud de concesión o compra por ser área inadjudicable”.
A pesar de la contundente afirmación técnica, los 8 mil 811 metros frente al hermoso océano Pacífico fueron titulados y vendidos por 98 mil 26 dólares a la familia Diez. Era el año 2006 y, a cargo de la Dirección de Catastro, instancia vital para poder realizar la titulación, estaba Benjamín Colamarco. Ese fue, no hay duda, el inicio de una cadena de entuertos que dura hasta hoy.
Tras obtener esa ganga, Desarrollo Turístico San Carlos, de la familia Diez, presentó en 2008 un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría I para construir en la delicada área de manglar, más un terreno aledaño, lo que llamaron “Condohotel Nakkar”, que constaría nada menos que de 4 edificios, de 24 y 21 pisos, para un total de 496 apartamentos, más 16 villas de dos pisos.
A pesar de lo descabellado del proyecto y la inapropiada calificación del EIA, la entonces Autoridad Nacional del Ambiente les otorgó luz verde en septiembre de 2008.
Sin embargo, en 2015 los señores de Desarrollo Turístico San Carlos tuvieron que enfrentar la anulación de su EIA por decisión de la Corte Suprema de Justicia. “...queda demostrado que la ANAM, a través del acto impugnado, ha aprobado un EIA contrariando las disposiciones que establecen la conservación de los ecosistemas ecológicos y hidrológicos disponibles...”, fue la contundente conclusión de los magistrados.
Con ese respiro, el manglar volvió a surgir y el hermoso humedal de La Ensenada de San Carlos regresó a la vida. Hasta hace un par de semanas. Y es que no solo la naturaleza es persistente, también se niegan a morir la indiferencia, la ignorancia y el desprecio por este planeta que nos cobija a todos.
En 2024, los señores de Desarrollo Turístico San Carlos volvieron al ataque, logrando que el Ministerio de Ambiente les aprobara un EIA categoría II para la misma área, pero esta vez echaron mano de nuestra proverbial picaresca. Esta vez el EIA fue solo para la “Nivelación de Terreno y Construcción de Infraestructura para Proyecto Futuro”. Es decir, un “proyecto futuro” que se guardaron de describir, pero que, desde el primer EIA, sabemos que es de 4 edificios, 496 apartamentos y 16 villas.
Nuevamente hubo que acudir a la justicia para evidenciar la destrucción. Y si bien aún no hay un fallo final de la Sala Tercera de la Corte Suprema, la Procuraduría de la Administración emitió el 29 de octubre de 2025 un interesante concepto en el que, tras hacer un riguroso análisis de la legislación, los hechos, documentos y argumentos, pide la anulación del citado EIA.
La posición de la Procuraduría inicia con un dato básico ignorado por MiAmbiente: el fallo de 2015 determinó que cualquier obra que se pretendiera hacer en esa área debía ser analizada con la rigurosidad que implica un EIA categoría III, no II, como fue el caso.
La opinión de la Procuradora es una pieza legal rigurosa que cita importantes conceptos en materia ambiental, como el principio precautorio, que obviamente MiAmbiente ignoró, como ignoró también los informes originales de la Dirección de Costas y Mares, así como de la Autoridad de Recursos Marinos, que certifican la existencia del humedal y su incompatibilidad con las obras propuestas.
“...esta Procuraduría opina que, ciertamente, el Ministerio de Ambiente, por medio de la resolución en estudio, desconoció su deber de promover el establecimiento del ordenamiento ambiental del territorio nacional y velar por los usos del espacio en función de sus aptitudes ecológicas...”, concluyó la procuradora, Grettel Villalaz de Allen.
Pero tal como sucedió en aquel lejano 1995, cuando sin derecho alguno empezaron a destruir el humedal, quienes hoy están al frente de Desarrollo Turístico San Carlos —la siguiente generación de la familia Diez— evidencian la misma soberbia destructora, al arrasar sin compasión alguna el humedal de La Ensenada de San Carlos.
Esta historia incluye, además, lo sucedido con la servidumbre de la playa, la lucha de los vecinos por abrirla, la destrucción de toda la vegetación, incluyendo la que bordea la cerca de los vecinos, y otras gestiones ante el Ministerio de Vivienda para acaparar más tierra.
Todo ante la indiferencia de instituciones locales y nacionales. Eso también habrá que contarlo.
La autora es abogada, periodista y presidenta del capítulo panameño de Transparencia Internacional.
