La infraestructura aérea no es un elemento accesorio del desarrollo nacional. Constituye, por el contrario, una expresión concreta de la capacidad del Estado para planificar, ordenar y proteger sus activos estratégicos. En Panamá, el debate sobre la posible reubicación del Aeropuerto Marcos A. Gelabert, ubicado en Albrook, hacia la zona de Panamá Pacífico exige un análisis serio desde el derecho público, la geopolítica y la formulación de políticas públicas.
La discusión ha cobrado fuerza con el proyecto de construcción del tren hacia la provincia de Chiriquí. Esta iniciativa, concebida como un eje de integración territorial, ha generado propuestas para utilizar los terrenos de Albrook como sede de una gran terminal ferroviaria que conecte el sistema del tren con el transporte masivo de la capital.
Bajo esa lógica, se plantea trasladar las operaciones del Aeropuerto Marcos A. Gelabert hacia el aeropuerto de Panamá Pacífico, ubicado en la antigua base aérea de Howard. Sin embargo, este enfoque parte de una premisa discutible: sustituir una infraestructura estratégica plenamente funcional por otra que no ofrece las mismas condiciones operativas.
Si bien el tren representa un avance significativo para la conectividad nacional, la desaparición del aeropuerto de Albrook generaría un vacío operativo que Panamá Pacífico difícilmente podría suplir con la misma eficiencia. Su ubicación al otro lado del Canal introduce vulnerabilidades logísticas evidentes.
El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que la infraestructura responda al interés general. El Aeropuerto Marcos A. Gelabert cumple funciones fundamentales para la aviación doméstica, ejecutiva, institucional y de emergencia. Su cercanía con centros hospitalarios y entidades gubernamentales permite una conectividad crítica para evacuaciones médicas y operaciones humanitarias.
Trasladar estas operaciones hacia Panamá Pacífico implicaría aumentar los tiempos de respuesta debido a la separación física que impone el Canal. En situaciones de emergencia, esta variable adquiere una relevancia determinante.
A ello se suma el impacto económico y operativo que tendría la reubicación. Adecuar Panamá Pacífico para absorber la densidad de vuelos que actualmente maneja Albrook requeriría inversiones significativas en infraestructura, logística y accesos terrestres. Desde una perspectiva de planificación pública, resulta cuestionable desmantelar una capacidad instalada plenamente operativa para intentar replicarla en un entorno con limitaciones distintas.
Ahora bien, desde la perspectiva del derecho aéreo, la permanencia del Aeropuerto Marcos A. Gelabert contribuye al equilibrio del sistema aeronáutico nacional. Su cierre o traslado, motivado exclusivamente por el desarrollo del proyecto ferroviario y sin estudios técnicos concluyentes, podría generar responsabilidades patrimoniales para el Estado.
Una decisión de esta naturaleza afectaría a concesionarios, escuelas de aviación y operadores logísticos que dependen de esta infraestructura. Incluso tratándose de una actuación lícita del Estado, el principio de responsabilidad patrimonial podría obligarlo a indemnizar si los daños ocasionados resultan especiales y desproporcionados para los actores del sector.
Si bien es cierto, Panamá necesita avanzar hacia un modelo de infraestructura integrado. El tren hacia Chiriquí representa una oportunidad histórica para fortalecer la conectividad del país, pero su desarrollo no debe implicar el sacrificio de un activo estratégico como el Aeropuerto Marcos A. Gelabert.
La verdadera modernización no consiste en sustituir infraestructuras que cumplen funciones críticas, sino en articularlas dentro de un sistema multimodal eficiente. El reto del Estado no es elegir entre tren o aeropuerto, sino planificar de manera inteligente para que ambos proyectos coexistan al servicio del desarrollo nacional.
La autora es especialista en políticas públicas y en derecho.
