La palabra revolución no debería usarse a la ligera. Implica un cambio fundamental en la forma en que se gobierna Estados Unidos, un intento por derrocar lo existente y reemplazarlo por algo nuevo. Las motivaciones de una revolución pueden ser ideológicas, derivar de identidades étnicas o tribales en conflicto, de la competencia por la riqueza o de una combinación de todas ellas. Pero, cualquiera que sea la fuerza que trace las líneas de batalla, una revolución auténtica siempre depende de la capacidad y la disposición de actores poderosos para aprovechar la creencia social de que el sistema vigente está roto y, por tanto, es ilegítimo.
El presidente Donald Trump ha hecho exactamente eso. Su revolución no es económica. Es cierto que ha impuesto los aranceles más altos desde la década de 1930, ha buscado quebrar la independencia de la Reserva Federal y ha coqueteado con una versión estadounidense del capitalismo de Estado del Partido Comunista chino mediante la adquisición, por parte del gobierno federal, de acciones doradas en U.S. Steel, una participación en el gigante tecnológico Intel y un porcentaje de las ventas de los fabricantes de chips Nvidia y AMD. Pero estas políticas son cambios tácticos. No transforman el funcionamiento profundo de la economía neoliberal estadounidense.
La revolución política es otra cosa, y esa sí está en marcha en Estados Unidos. En 2025, el presidente consolidó la autoridad ejecutiva empujando los límites de la legalidad. Usurpó competencias tradicionalmente reservadas al Congreso, a los tribunales y a los estados. Replicó prácticas propias de regímenes autoritarios y lanzó una purga amplia de la burocracia profesional del país, sustituyendo a funcionarios de carrera por designados políticos leales personalmente al presidente. Instrumentalizó agencias clave del Estado, entre ellas el FBI, el Departamento de Justicia, el IRS y numerosas entidades reguladoras, contra sus adversarios políticos internos.
Ha buscado asegurar la impunidad del Ejecutivo frente a un poder judicial independiente, ya no como un órgano del Estado con equilibrio de funciones, sino como un obstáculo a neutralizar. Y aun así, las instituciones estadounidenses podrían contener el poder presidencial en 2026. Las purgas en el Pentágono de algunos oficiales militares de alto rango han acaparado titulares, pero no hay pruebas de que hayan socavado la integridad operativa básica de las fuerzas armadas. Varios tribunales han fallado contra la expansión de poderes del presidente y podrían volver a hacerlo cuando la Corte Suprema se pronuncie sobre su uso de poderes de emergencia para imponer aranceles generalizados.
Gobernadores y alcaldes siguen gobernando con independencia de Washington. Los recientes tropiezos electorales de los republicanos en varios estados no han pasado inadvertidos para el presidente. En síntesis, el destino de la revolución política de Trump sigue siendo incierto. El año 2026 se perfila como el momento del choque definitivo entre la ambición personalista y el diseño original de la democracia estadounidense. Si la arquitectura institucional resiste o se doblega ante el empuje autoritario será la pregunta que defina no solo el futuro de Estados Unidos, sino la estabilidad del orden democrático en Occidente. La apuesta es total y los frenos tradicionales parecen más desgastados que nunca.
La evolución de su influencia en el exterior en 2026 es más fácil de anticipar. El segundo mandato comenzó con un intento de transformar el papel de Estados Unidos en el mundo mediante la ruptura unilateral del orden global de comercio y seguridad, la suspensión de la ayuda exterior y el abandono explícito de la promoción de la democracia desde Washington. El objetivo ha sido reestructurar las relaciones internacionales bajo un esquema de vínculos bilaterales centrados en Estados Unidos, con beneficios directos para el país. El mensaje a otros gobiernos fue inequívoco: o se alinean o afrontan las consecuencias.
Sin embargo, muchos de los esfuerzos de Trump han producido resultados inesperados. En particular, esperaba que un boicot eficaz a los productos chinos obligara a un Pekín económicamente debilitado a aceptar condiciones comerciales más favorables. En su lugar, China impuso restricciones a la exportación de minerales de tierras raras, insumos esenciales para una amplia gama de tecnologías civiles y militares de la era digital. Esa medida forzó a Trump a retroceder y ofrecer concesiones, entre ellas el acceso chino a semiconductores y otras tecnologías fabricadas en Estados Unidos, algo que tanto Trump como Joe Biden habían intentado restringir.
En el proceso, la confrontación dejó en evidencia que Estados Unidos sigue necesitando a sus aliados. En 2026, Trump dialogará con Xi Jinping para intentar estabilizar la relación bilateral, pero también busca avanzar en una estrategia de desacoplamiento a más largo plazo que exige coordinación sostenida de inversiones y políticas con los socios tradicionales de Washington, incluida la creación de fuentes alternativas de tierras raras. Esto otorgará a países como Japón, Corea del Sur, Australia, Brasil y Arabia Saudita un mayor poder de negociación en sus conversaciones comerciales con Estados Unidos.
A este panorama se suma el persistentemente alto costo de vida en Estados Unidos, que ha terminado por desnudar un patrón de promesas económicas vacías comparable al que hoy se observa en Panamá. Así como el chen chen prometido por José Raúl Mulino no se tradujo en alivio real para los hogares panameños, Trump logró en 2024 uno de los regresos políticos más sorprendentes de la historia estadounidense sobre la base de una narrativa simple y autoritaria: solo él podía domar la economía y frenar la inflación. La realidad ha sido distinta. Al igual que en Panamá, las encuestas muestran una erosión acelerada de la confianza y un creciente descontento de los consumidores.
Cuando el respaldo social se debilita, también lo hace la capacidad de imponer una agenda, incluso en política exterior. Por eso, lejos de proyectar fortaleza, la administración Trump ha tenido que retroceder y abandonar algunos de sus propios dogmas, como lo demuestra la suspensión de aranceles a las importaciones de alimentos provenientes de Brasil, Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala.
Estas presiones se intensificarán si los minoristas trasladan a los consumidores el aumento de los costos de importación. Es otra razón para prever que Trump será considerablemente menos agresivo en materia comercial en 2026, a medida que crece el temor a una eventual victoria demócrata en las elecciones legislativas de noviembre. Existe, sin embargo, un riesgo adicional. A medida que el presidente se frustre por las restricciones a su poder, podría reaccionar de forma impulsiva en escenarios que generen mayor inestabilidad de la prevista, por ejemplo frente a la Venezuela de Nicolás Maduro.
Este podría ser el año en que estalle la burbuja de la visión presidencial de un orden global dictado por un solo hombre.
El autor es médico sub especialista.
