Nadie come dignidad; eso es indiscutible. Como aquellos que decían, para que no se fueran los gringos con sus odiadas bases militares, que nadie comía soberanía. Pero frente a la defensa y protección del Estado soberano, siempre existirá la corriente que algunos denominan “el complejo del país bananero”, concepto que dibuja a esa nación pusilánime que, si no depende, no acepta, no acata y claudica frente al grande, sencillamente desaparece, no existe. Para algunos, el sentimiento de los ciudadanos de defender con dignidad lo que consideraban un principio y un valor democrático y cívico, para evitar enrumbar el país hacia el abismo social y político durante los últimos gobiernos y aunque fuese equivocado hacerlo (frente al perjuicio económico que abrigaba), no fue más que un folclórico festín de algunas semanas. Convite que nos producirá una goma dantesca de graves consecuencias.
No puedo desechar la trascendencia altamente negativa que dejará la decisión de inconstitucionalidad decretada sobre el contrato minero, en el ámbito fiscal y financiero.
Apenas estamos empezando a entender el fallo, con sus penas y atributos, lo cual es crucial frente a la pelea legal que implicará un arbitraje. Y todos tenemos, como panameños, nuestro derecho de aceptarlo como una decisión entregada al tumulto o, por el contrario, de alto valor jurídico, porque el libre pensamiento y más, cuando es respetuoso, es fundamento para la democracia.
Entonces aparecen, para algunos, las advertencias de la resaca después del exceso. Nos recuerdan la francachela sin precedentes y el carnaval dantesco contra el contrato minero, que nos llevarán al refinanciamiento de una abultada deuda externa, la pérdida del grado de inversión, la drástica reducción de la planilla estatal, los recortes a subsidios y otras tasas preferenciales, el fin de las jubilaciones especiales y los aumentos automáticos del sector público, entre otros flagelos institucionales, productos según la casta “minerista” (si es que esta palabra existe), de las botellas plásticas, papeles y cuanto desecho producido por la inmundicia de la masa y el legado de la turba. Pero entonces me detengo y pregunto: ¿será que todos estos azotes se darán porque se perdió la mina? Y de repente me viene a la mente el exceso del derroche, el despilfarro del poder, la dilapidación de la planilla, la abundancia en la Asamblea, la generosidad de los auxilios, el descontrol de los subsidios, la desfachatez clientelista, la desproporcionada corrupción y el descarado endeudamiento. Pero llegaba “Santa Mina”, el símbolo de la supervivencia política y salvación de un gobierno fracasado.
Hasta que se levantó contra ella la malograda muchedumbre, caterva de jóvenes que en mal momento salieron de sus redes, para aguarle la fiesta al recobro del fallido e irresponsable déficit fiscal.
Aunque siempre he dicho que Panamá, por su geografía, tamaño y verdor no es un país para explotar o ejercer la minería metálica a cielo abierto (por lo que doy la bienvenida a la moratoria geográfica total), tampoco me vanaglorio ni jacto por la salida de Minera Panamá, porque comprendo muy bien el enorme sacrificio económico. Y siempre consideré que la posibilidad de su permanencia era necesaria, hasta que se publicó el contrato ley. Recordemos que, durante la accidentada etapa de negociación, el panameño esperó con paciencia, sin disturbios ni levantamientos, ese documento, porque había una esperanza o así parecía. Que al ser publicado y levantar su voz la horda, el poder no lo soportó, al punto que ejerció la imposición sobre la prudencia, al descomponer desde la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional el debido proceso. ¡Partida de brutos! Y pensar que le estamos pagando a ese armatoste clientelar más de $200 millones al año; el parlamento más caro del mundo en detrimento de la salud, la educación, la cultura y la institucionalidad panameña. Y el que dude que esta decisión de engordar este hemiciclo es casi delincuencial, averigüen el suplicio del panameño en el Oncológico, el Hospital del Niño, el Santo Tomás y los servicios de salud de la Caja. Porque la ventaja solo la tendrá el que tiene el dinero y el recurso para, desde el poder, viajar ultramar en saco y corbata para practicarse su propio procedimiento curativo, en lugar de someterse a la odisea panameña del Oncológico.
Como ciudadano, soportaré y confrontaré desde el ámbito que sea la decisión, buena o mala, de la inconstitucionalidad. Pero esta debacle se la debemos no solo a quien sancionó el 20 de octubre de 2023 el documento que creó la Ley 406. Sino el que llegó a desgobernar este país desde el 1 de julio de 2019 y que hoy, sin capital político y bañado en leche condensada, sobrevive en la penumbra de su utópico, imaginario y artificial multiverso. Imperdonable.
El autor es abogado
