¿La segunda vuelta o las elecciones intermedias?

Lo que ha venido aconteciendo de manera cada vez más creciente y descarada en la Asamblea Nacional deja en plena evidencia la complicidad entre los diputados de los partidos tradicionales para impedir los cambios estructurales que garantizarían una mayor transparencia en el sistema. Para muestra, tres instancias recientes: la forma como se eligieron los miembros de su Junta Directiva, el rechazo de las comisiones a los proyectos de ley que pretendían modificar su reglamento interno para evitar que empresas con acuerdos de pena participen en contrataciones públicas, y la aprobación del presupuesto de 2025 en primer debate sin terminar las vistas presupuestarias requeridas.

Estas incesantes componendas oportunistas son un reflejo de lo que también podría ocurrir en las elecciones presidenciales si existiera la “segunda vuelta”, tan ansiada por muchos panameños. El problema de base es que en Panamá aún prevalece el clientelismo a la hora de elegir cargos de elección popular, sobre todo en el interior del país. Ante dicho escenario y aplicando la analogía con la Asamblea, encontraríamos que en la primera vuelta ganaría el candidato independiente o no tradicional, pero en la segunda vuelta se unirían todos los partidos tradicionales para evitar que el ganador en la primera vuelta accediera al poder y trabajara por instaurar los cambios estructurales que urgen para limpiar el imperante sistema clientelista y corrupto.

¡Ojo con clamar por una reforma constitucional o legal para implantar la segunda vuelta! Si algo ha quedado claro es que los políticos tradicionales no le temen al voto de castigo, ya que la ciudadanía lo ejerce solo una vez cada cinco años. Es decir, apenas dos veces en una década. En otras palabras, otorgamos a la clase política un exceso de confianza al mando de nuestros destinos y recursos por un período de tiempo demasiado extenso.

Ello apunta a que el cambio más apremiante que debe hacerse a nuestra Constitución para mejorar el sistema democrático no es la segunda vuelta presidencial –ya que reforzaría el oportunismo de la partidocracia– sino instaurar las llamadas elecciones de medio término o elecciones intermedias (midterm elections en inglés) para reelegir o castigar a los diputados tras los primeros dos años y medio de su gestión: práctica existente en Estados Unidos y en muchas otras democracias en este continente y más allá. El sistema de elecciones intermedias es, sin lugar a dudas, la manera más eficaz –además de la certeza del castigo judicial, por supuesto– de que los funcionarios electos teman el costo político de su conducta al percatarse de que conseguir y mantener una curul o cargo público les será más difícil, ya que el electorado aún tiene muy presentes sus actos reprochables, sobre todo porque estos tienden a darse en épocas cercanas a una elección.

Cada nación que celebra elecciones intermedias exige un protocolo particular, ya sea para renovar parcialmente su órgano legislativo (unicameral o bicameral, y llámese asamblea, congreso o parlamento), o elegir a autoridades locales o una combinación de ambas opciones. Todos, sin embargo, comparten el propósito de mantener a la clase política temerosa del escarnio público en las urnas, que es la forma como verdaderamente pueden hacerse valer nuestros derechos políticos de conformidad con la Constitución y, por consiguiente, lograr que los funcionarios elegidos sujeten sus actos a las expectativas de sus votantes.

El célebre economista Milton Friedman sostenía que no podemos ser crédulos y pensar que los políticos van a ser honestos y eficaces porque sí. Lo que debemos hacer es dejarles bien clara la agenda específica de temas que deben resolver y que si durante su gestión no actúan conforme a esta exigencia ciudadana serán castigados en las urnas, por lo que tanto ellos como sus partidos sufrirán graves derrotas a corto plazo. Recordemos que las constituciones nacieron para garantizar no solo la división de poderes, sino también que el pueblo –el verdadero soberano– pueda ejercer su legítimo poder político de manera eficaz, activa y fiscalizadora.

El autor es abogado.