En mi artículo anterior, publicado el 6 de septiembre en Prensa.com y con el mismo título que este, hice referencia al hecho delictivo que privó de la vida al sargento 2do. Jonathan Espinoza, de la Policía Nacional. Espinoza estaba realizando un puesto remunerado en una abarrotería ubicada en Ciudad Radial, corregimiento de Juan Díaz. En dicho artículo mencioné algunas consideraciones en relación con el caso, sugiriendo que, “si el hecho no había tomado otro giro en las investigaciones”, aparentemente se trataba de un crimen pasional.
Al respecto, debo enfatizar que, al analizar el iter criminis observado en este tipo de delito cometido contra un auxiliar de la autoridad, nuestra opinión no se basa únicamente en el resultado del crimen, sino en la manera en que fue ejecutado. Es decir, mantenemos una hipótesis sobre el comportamiento criminal que se observa en nuestro entorno local.
En primer lugar, aquellos a quienes se les ha confiado la responsabilidad de proteger y servir están en un estado de vulnerabilidad frente al crimen organizado y doméstico (es decir, local). Esto se ha evidenciado en distintos casos donde efectivos policiales están involucrados, ya sea como actores principales o como facilitadores de información en favor de actores criminales. No descartamos la posibilidad de que altos oficiales estén involucrados en redes criminales internacionales basadas en los estamentos de seguridad, ni que políticos y empresarios sean financiadores o colaboradores de estas redes.
El homicidio perpetrado por una oficial jubilada (cuyo nombre se mantiene en reserva) de la Policía Nacional debe servir como un claro indicio para el actual Ministro de Seguridad de la necesidad imperiosa de depurar las filas de los estamentos. La participación de agentes del orden público en diferentes tipos de delitos es cada vez mayor, lo que genera una creciente pérdida de credibilidad y respeto hacia aquellos que, día tras día, salen a las calles a perseguir el delito y proteger a sus conciudadanos.
En segundo lugar, existe una variante en nuestra hipótesis: durante más de 10 años, se ha sostenido que estos crímenes son casos aislados o, en su defecto, simples luchas entre pandillas por el control de territorios. Sin embargo, defiendo la hipótesis de que hay un mercado en crecimiento de sicariato por encargo, donde se saldan deudas, infidelidades, deshonras y otros conflictos. Estos actos han sido clasificados por las autoridades como conflictos entre bandas o por control de la droga, para evitar enfrentar una cruda realidad: no hay seguridad en Panamá.
Este modelo de negocio criminal es evidente en países como Colombia, México, Brasil y Venezuela. Desde hace varios años ha incursionado en Panamá, donde bandas y gatilleros independientes ofrecen sus servicios para eliminar a quienes se consideren un estorbo, siguiendo patrones similares a los de la mafia siciliana o las triadas asiáticas, como la yakuza.
Es imperante establecer un nuevo modelo de plan integral de seguridad, porque los enfoques utilizados hasta ahora —como “mano dura”, “mano amiga”, “barrio seguro”, entre otros— no han surtido efecto, y no lo harán mientras no reconozcamos el comportamiento criminal en su amplia mutación.
El autor es consultor en seguridad.
