No existe en la democracia moderna un concepto político más relevante que la República. Del latín res publica, ‘cosa común’, se refiere al sistema de administración política que busca evitar la centralización del poder y generar estructuras políticas que garanticen la legitimidad y fiscalización en la toma de decisiones que conciernen al bien colectivo.
Así, la teoría de la separación de poderes, acuñada por el jurista y escritor francés Charles de Secondat, barón de Montesquieu, propone la división del poder gubernamental en tres ramas administrativas independientes, cada una con su propia esfera de gobernanza, pero llamadas a funcionar en colaboración. La teoría nos plantea las tres ramas del Estado, tal como las observamos en la mayoría de las democracias de la actualidad: los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Este sistema, que vendría a ser asociado con la frase “pesos y contrapesos”, tiene como propósito evitar que los actores políticos hagan uso indiscriminado del poder que les concede el soberano, o sea, la población civil, sin contar con la debida supervisión y delimitación en sus funciones.
El Ejecutivo, encabezado por el presidente y el gabinete ministerial, es quizás, a ojos de la población, el órgano que mayor fiscalización amerita, pues concentra una amplia gama de ministerios e instituciones, cada uno con pluralidad de recursos y facultades.
Así, el Órgano Legislativo, que en Panamá adquiere forma bajo la Asamblea de Nacional, tiene el deber de promulgar leyes, pero también de fiscalizar el buen funcionamiento del Ejecutivo, en particular su gestión presupuestaria. A su vez, el Órgano Judicial es el garante de la Constitución Política y, por ende, el máximo ente de resolución de conflictos, atendiendo a su deber de interpretación de las leyes que se originan en el hemiciclo legislativo.
La carta constitucional de nuestra nación nos indica, ya desde su primera expresión, que Panamá funcionará políticamente como una república cuyos órganos se regirán de manera independiente, pero en armoniosa colaboración. Sin embargo, en la materialidad que representa la historia política nacional, la colaboración de los órganos ha pecado por excesiva, toda vez que la independencia entre las ramas se ha cuestionado al no garantizar pesos y contrapesos transparentes a la población.
Este contexto de estrecha cercanía y, en ocasiones, abierta colusión ha permitido a la clase política establecida actuar con impunidad y, a menudo, en ignorancia de los deseos del electorado. Las protestas del contrato minero en 2023 hacen eco del descalabro social que se origina ante la falta de transparencia y rendición de cuentas en las altas esferas gubernamentales. Nuestra democracia sigue en estado crítico; las instituciones están deslegitimadas y las arcas públicas sufren por errores del pasado. Así lo refleja la percepción internacional y su impacto en los indicadores de riesgo-país.
En estos momentos, a medida que el nuevo quinquenio da sus primeros pasos hacia la legitimidad, es menester efectuar un cambio en el paradigma que nos ha definido hasta ahora. Atrás deben quedar los pactos de no agresión entre los poderes públicos; de poco sirven ante una población expectante de respuestas y anuente de los desafíos que enfrenta el país.
Necesitamos que se cumpla la separación de poderes a cabalidad; cada rama del gobierno debe estar dispuesta a cumplir sus funciones de manera transparente, independiente e imparcial. De lo contrario, estaríamos ante otro quinquenio perdido.
El autor es abogado y amigo de Fundación Libertad.
