Desde el 25 de junio de 2023, Guatemala enfrenta una grave crisis democrática e institucional. La misma ha recrudecido luego de los resultados del pasado 20 de agosto de 2023, en la segunda vuelta electoral, en donde resultó electo como presidente, Bernardo Arévalo.
El gobierno en ejercicio con la aquiescencia del Ministerio Público, la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el Órgano Judicial, y en conjunto con otros partidos políticos, han llevado a cabo esfuerzos, sin precedentes, en aras de impedir la transición pacífica del poder, elemento fundamental de cualquier sistema democrático, alegando supuestas “irregularidades” y un “fraude electoral”.
La situación que vive Guatemala es un reflejo más de una realidad reiterada desde este espacio, la cual puede, incluso, llegar a parecer algo trillada. Me refiero al vínculo indisoluble entre la democracia, el respeto a los derechos humanos y la transparencia. En el caso de Guatemala, las señales de una inminente crisis institucional y democrática eran evidentes desde hace ya algún tiempo, precisamente debido a su desempeño deficiente en derechos humanos y lucha contra la corrupción.
Los antecedentes más próximos a la crisis son conocidos por muchos. La expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la orden de arresto en contra del actual secretario de defensa colombiano, Iván Velásquez, antiguo jefe de la Cicig eran ya bastante preocupantes.
Si a esto sumamos los pobres resultados obtenidos por Guatemala en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional (24/100) o el hecho de que el Freedom House catalogó al país centroamericano como parcialmente libre (49/100), con marcadas deficiencias en derechos políticos y libertades civiles, se podía vislumbrar, en el horizonte, mucha inestabilidad.
Lo anterior, aunado a una larga guerra civil (1960-1996) y su legado de impunidad, nos ofrece un lamentable dossier en materia de derechos humanos. Solo es necesario hacer memoria y recordar el genocidio en contra de los ixiles, cuyo principal perpetrador, el dictador Ríos Montt fue juzgado y condenado, para que luego dicho dictamen fuese anulado.
El panorama en Guatemala de cara a las elecciones generales de 2023 tampoco era muy alentador. Por segunda elección consecutiva, los electores guatemaltecos enfrentaban una oferta electoral fragmentada, aunque en esta ocasión contaban con más de una veintena de candidatos presidenciales. Ante resultados poco favorables en la primera vuelta para los principales entes de poder de la política guatemalteca, se intentó, infructuosamente, impedir la realización de la segunda vuelta.
Entre otras cosas, el gobierno del presidente saliente Giammattei intentó capitalizar la postura asumida por su gobierno en temas como la guerra de agresión rusa en contra de Ucrania o la situación en Taiwán, para obtener el apoyo de la comunidad internacional en sus intentonas antidemocráticas por criminalizar las elecciones. Por el momento, dicho apoyo no se ha materializado.
Ante este escenario, Guatemala no solo está poniendo a prueba la resiliencia de sus propias instituciones democráticas sino también a las propias normas comunitarias de gobernanza democrática del sistema interamericano. A prueba está la normatividad misma de instrumentos como la Carta Democrática Interamericana (CDI).
Los detractores del sistema sostienen que este cúmulo de “postulados” consagrados en la CDI se aplican únicamente cuando se trata de un régimen de una corriente ideológica distinta a la de los Estados Unidos de América.
Estos detractores ven en el modelo de la Celac una alternativa pragmática a la Organización de Estados Americanos (OEA), que no otorga reparo alguno a la democracia, los derechos humanos y la transparencia.
En cambio, quienes creemos en estos valores y principios normativos, y los consideramos pilares fundamentales de la convivencia pacífica entre las naciones de nuestro hemisferio, realizamos votos para que la OEA aplique la CDI con el mismo rigor y vehemencia de la que han hecho gala en situaciones análogas. Las circunstancias así lo exigen.
Las repercusiones de la insurrección en los Estados Unidos de América, la intentona golpista de Bolsonaro en Brasil o la inestabilidad política continuada en el Perú nos demuestran que las autocracias del siglo XXI desconocen de vertientes ideológicas. Eventos como estos han empoderado a los autócratas.
Ahora, gobiernos con peligrosas tendencias antidemocráticas en Estados con corrupción endémica y sin cultura de derechos humanos, intentarán aprovechar esta coyuntura para continuar resquebrajando el sistema. Guatemala es una ramificación más de dichos eventos.
En respuesta a estas circunstancias, las instituciones interamericanas y los Estados de la región deben estar a la altura, en el interés de preservar los sistemas democráticos de la región, que, por más imperfectos que sean, trabajan en pro de la realización de los derechos humanos y la transparencia en la función pública.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional
