Muchas personas me preguntan mi opinión sobre la cuestión de Estados Unidos y Venezuela, en mi condición de profesor de derecho internacional que vive desde hace diez años en Estados Unidos. En lugar de responder uno por uno, decidí poner aquí lo que pienso. Para quien tenga interés y paciencia para leer, aquí va.
Mi opinión es que el debate sobre Venezuela ha sido secuestrado por una lectura selectiva —y profundamente hipócrita— del derecho internacional. Se invoca la soberanía, la no intervención y el orden jurídico internacional como si estos conceptos existieran para proteger a los gobiernos, y no a las personas. Como si la soberanía estatal fuera un escudo moral absoluto, capaz de justificar el hambre, la persecución, la tortura, el exilio masivo y la supresión completa de la voluntad popular. No lo es.
La soberanía no es un fin en sí misma; nunca lo fue. Es un instrumento funcional, condicionado al cumplimiento mínimo de los deberes del Estado para con su población. Cuando un régimen transforma a su propio pueblo en rehén —empobrece deliberadamente a la sociedad, destruye instituciones, persigue opositores, defrauda elecciones y elimina cualquier posibilidad real de alternancia de poder—, ese régimen pierde la legitimidad que da sentido a la soberanía que alega defender.
El derecho a la vida, a la dignidad humana y a la autodeterminación de los pueblos no son valores occidentales opcionales ni simple retórica política. Son normas centrales del orden jurídico internacional contemporáneo. Un gobierno que viola sistemáticamente estos derechos no puede exigir que el mundo cierre los ojos en nombre de una abstracción jurídica conveniente.
Venezuela no es un caso de divergencia ideológica; es una tragedia humanitaria. Millones de personas se han visto obligadas a abandonar el país. Quienes se quedaron conviven con la escasez, la represión y el miedo. No hay elecciones libres. No hay prensa independiente. No hay un poder judicial autónomo. No existen canales internos efectivos para que el pueblo se libere por su propia cuenta. Defender que ese pueblo “resuelva solo” su situación equivale, en la práctica, a defender la perpetuación del sufrimiento.
Por eso, la ayuda externa —incluida la militar, cuando sea necesaria para proteger vidas y no regímenes— no constituye una violación moral del derecho internacional. Es la afirmación de su núcleo ético. La comunidad internacional existe precisamente para evitar que se cometan atrocidades detrás de fronteras convenientemente cerradas.
La reacción de muchos venezolanos lo deja claro. Mientras comentaristas extranjeros, cómodamente distantes, condenan las intervenciones en nombre de una soberanía abstracta, quienes viven la desesperación real celebran. Celebran porque ven una oportunidad concreta de liberación. Celebran porque saben que el respeto a la soberanía fue, durante años, la excusa perfecta para la inercia internacional.
El paralelo histórico es inevitable. Si en la Europa de la década de 1940 las potencias hubieran decidido no liberar los campos de concentración para respetar la soberanía alemana, hoy esa omisión sería recordada como complicidad. Ningún orden jurídico serio puede exigir neutralidad frente a crímenes masivos cometidos contra la propia población.
Invocar el derecho internacional para defender a dictadores es una perversión intelectual. Es transformar un sistema creado para proteger a los seres humanos en un argumento de conveniencia al servicio de los opresores. No hay nada de progresista en ello. No hay nada de humanista. Solo queda el consuelo moral de quien nunca ha tenido que elegir entre soberanía y supervivencia.
El derecho internacional no existe para blindar regímenes autoritarios. Existe para recordar que ningún gobierno —absolutamente ninguno— tiene derecho a destruir a su propio pueblo en paz.
Otro argumento recurrente —e intelectualmente perezoso— sostiene que la intervención no sería humanitaria, sino movida por intereses económicos. Aunque existan intereses estratégicos o económicos —como casi siempre ha ocurrido en la política internacional—, ello no invalida, ni remotamente, la legitimidad moral del resultado cuando este responde a una demanda real y explícita del propio pueblo oprimido.
El criterio central no es la pureza de las motivaciones externas, sino la realidad vivida internamente. Y esa realidad es inequívoca: una mayoría de venezolanos celebra y apoya la intervención porque identifica con claridad al verdadero agresor. Fue el propio régimen dictatorial el que, al optar por preservar el poder a costa del hambre, la represión y la destrucción social, abrió la puerta a una respuesta externa.
Cuando un gobierno ataca sistemáticamente a su propio pueblo, elimina cualquier autoridad moral para cuestionar los motivos de quien interviene para poner fin a ese sufrimiento. En este escenario, incluso una acción impulsada por intereses no exclusivamente humanitarios se vuelve necesaria, legítima y moralmente correcta, porque la alternativa concreta sería la continuidad de la opresión.
Por lo tanto, la argumentación de quienes colocan la ideología por encima del ser humano —y luego rebuscan en el derecho internacional frases y principios que respalden una conclusión previamente decidida— resulta, como mínimo, lamentable. No es una defensa seria de la legalidad internacional, sino un ejercicio de cinismo selectivo, formulado a distancia y sin empatía por quienes viven el colapso en carne propia. Cuando la ideología antecede al ser humano y la soberanía se invoca para justificar la miseria, el derecho deja de ser instrumento de justicia y se convierte en retórica vacía al servicio de la indiferencia.
El autor es abogado internacional | Ph.D., M.Sc., LL.M., FCIArb
