Algo está cambiando en la cúpula del Órgano Judicial, y no necesariamente para bien. La Junta Directiva ampliada de la Corte Suprema de Justicia parece haber asumido una nueva función: la del protagonismo permanente. Embajadas, vuelos en helicóptero, giras al interior, actos protocolares, recepciones diplomáticas, celebraciones patrias en el Palacio Presidencial y toda clase de eventos sociales forman parte de una agenda que difícilmente puede confundirse con la misión esencial de impartir justicia.
La pregunta es inevitable: ¿desde cuándo el protagonismo institucional forma parte de las funciones de un magistrado? La respuesta debería ser contundente: nunca.
La toga no fue concebida para desfilar entre cámaras, micrófonos y ceremonias oficiales. Su verdadero significado es exactamente el contrario: discreción, independencia, prudencia y distancia frente a los demás poderes del Estado. Un juez que busca visibilidad corre el riesgo de sacrificar el mayor patrimonio de la justicia: la apariencia de imparcialidad.
Mientras más se exhibe un magistrado, menos habla la institución. La justicia no necesita figuras públicas; necesita jueces que hablen únicamente a través de sus sentencias. La confianza ciudadana no se construye con fotografías oficiales ni con agendas sociales, sino con decisiones oportunas, independientes y valientes.
El contraste con otras democracias consolidadas resulta revelador. En Estados Unidos, los magistrados de la Supreme Court of the United States son prácticamente invisibles en la vida pública. No buscan reflectores ni protagonismo político. Su autoridad proviene de la fuerza de sus decisiones y del respeto que inspira su reserva institucional. Precisamente esa distancia fortalece la credibilidad del sistema judicial.
En varios países latinoamericanos, por el contrario, comienza a instalarse una peligrosa cultura del magistrado protagonista, en la que la exposición pública parece confundirse con liderazgo. Pero el liderazgo judicial no se mide por la cantidad de eventos a los que se asiste, sino por la capacidad de defender la independencia de la justicia, incluso cuando ello incomoda al poder.
La Corte Suprema no necesita magistrados populares; necesita magistrados respetados. La popularidad es pasajera. La credibilidad institucional es permanente y mucho más difícil de recuperar cuando se pierde.
La justicia debe inspirar confianza desde el silencio de la toga, no desde el ruido del protocolo. Cuando un magistrado se convierte en un actor permanente de la vida social y política, la línea que separa la independencia judicial del protagonismo institucional comienza a desdibujarse. Y esa es una frontera que una democracia seria jamás debería permitir que se cruzara.
