Hay un momento en la historia de una sociedad que debería aterrarnos más que cualquier estadística criminal. Es cuando dejamos de sorprendernos. Ese momento llegó a Panamá. Me quita el sueño. Más que el hurto que sufrió el Club Rotario de Panamá hace unos días.
No nos escandalizamos. Escuchamos que se metieron a hurtar en una iglesia. Decimos: “de nuevo”. Vandalizaron las imágenes fuera de la iglesia San Martín de Porres, en El Nazareno, y se llevaron los equipos de sonido. Los feligreses confirman que no es la primera vez. Esa frase forma parte de nuestro vocabulario cotidiano. Nos hurtan los templos —espacios donde la gente va a buscar consuelo, a dejar limosnas ganadas con esfuerzo, a buscar resguardo espiritual—. El comentario dura hasta el domingo siguiente. Y seguimos.
Hurtan y roban en las escuelas. Hurtan computadoras, bocinas, ventiladores, el cable eléctrico de las aulas —todo lo que una comunidad tardó años en conseguir con rifas y gestiones ante el Ministerio—. Pero no solo en vacaciones: la violencia aprendió a matricularse. Durante la jornada escolar, menores arrebatan dinero o merienda a compañeros más pequeños. En 2025, los gabinetes psicopedagógicos detectaron unos trescientos casos relacionados con hechos de violencia. Trescientos casos documentados. Es solo lo que se documenta.
Asaltan los buses. El pasajero que va al trabajo aprendió a no sacar el teléfono, a no cargar efectivo visible, a no mirar a nadie a los ojos. Roban en las salas de espera de los hospitales, donde la gente está en su momento más frágil, enferma o acompañando a quien lo está. Se llevan carteras, teléfonos, los documentos que alguien necesita para que lo atiendan. El problema es tan extendido que el Estado panameño tuvo que legislar para aumentar las penas por hurtos y robos en hospitales, iglesias, escuelas y transporte público. Estas reformas buscaron responder a la creciente preocupación de la sociedad ante hechos en espacios que, por su naturaleza, deberían estar fuera de toda amenaza. Urge una ley especial para proteger lo que debería ser intocable por sentido moral elemental.
Y le tocó al Club Rotario de Panamá.
La sociología tiene un nombre para lo que estamos viviendo: anomia. Es el estado en que las normas existen, pero nadie las siente vinculantes porque la experiencia cotidiana las desmiente a cada paso. Cuando el delincuente entra a una iglesia, a un aula, a una sala de urgencias o a un espacio de servicio comunitario con una naturalidad que no escandaliza a nadie, está leyendo el entorno. Ha calculado que no habrá consecuencia. Tiene razón. El 47% de los delitos no se denuncia; la falta de resultados efectivos y la percepción de impunidad lo confirman. No denunciamos porque no creemos que sirva. Y porque no denunciamos, el delincuente confirma que el riesgo es mínimo. La resignación y la impunidad se retroalimentan con una precisión brutal.
Es la normalización: no la aceptación activa del crimen, sino la rendición silenciosa ante él. Es el padre que le dice al hijo que no lleve nada de valor a la escuela. Es la señora que en el bus abraza su cartera y mira al piso. Es el sacerdote que no deja el templo abierto en las tardes. Los delincuentes actúan de día y en cualquier lugar, convencidos de que la justicia no los alcanzará. Los escándalos recurrentes y a gran escala sin consecuencias no ayudan. Nos hemos adaptado. Esa adaptación es la derrota más profunda, porque ni siquiera la reconocemos como derrota.
Lo que me indigna del hurto en el Club no es solo el daño material. Es lo que revela: que ningún espacio —ni el de la fe, ni el de la educación, ni el de la salud, ni el del servicio voluntario— está a salvo en un país que ha dejado de defender sus propios límites. Cuando todos los límites se borran, el problema no es el ladrón. El problema es el acuerdo tácito de que así son las cosas. Ese acuerdo no es inevitable. Es una decisión que renovamos cada vez que callamos.
La autora es expresidenta del Club Rotario de Panamá.
